El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) anunció la disponibilidad de RD$300 millones para que la Procuraduría General de la República (PGR) implemente un sistema de bloqueadores de señal en las cárceles del país. Esta medida busca combatir la creciente incidencia de delitos cibernéticos y fraudes telefónicos originados desde los centros penitenciarios. El Consejo Directivo de Indotel aprobó los fondos necesarios, reafirmando su compromiso con la creación de un entorno digital seguro, priorizando tecnologías que fortalezcan la seguridad en el sistema penitenciario.
Según el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, estos recursos permitirán a la PGR lanzar la licitación para adquirir los bloqueadores de señal. Guido Gómez Mazara explicó que las estadísticas sobre crímenes cometidos desde las cárceles son alarmantes, lo que motivó la rápida disposición de los fondos. "El 90% de las llamadas fraudulentas en el país se realizan desde centros penitenciarios", subrayó, destacando la importancia de erradicar estas actividades delictivas. Además, anunció el lanzamiento de una campaña educativa para concienciar a la población sobre las llamadas fraudulentas y su impacto negativo.
Para asegurar la correcta administración de los fondos, INDOTEL solicitó que la Dirección General de Presupuesto supervise el uso y ejecución de los recursos, garantizando así la transparencia y efectividad del proyecto. El plan de instalación de bloqueadores de señal comenzará en cuatro centros penitenciarios estratégicos: El Pino en La Vega, el Centro de Corrección y Rehabilitación del 15 de Azua, Anamuya en Higüey, y el recinto penitenciario de Santiago. Estos centros fueron seleccionados debido a la alta incidencia de delitos cibernéticos cometidos a través de teléfonos móviles.
La implementación de estos bloqueadores no solo protegerá la seguridad digital, sino también la seguridad nacional, al evitar que los reclusos utilicen dispositativos móviles para cometer fraudes electrónicos, extorsiones y otras actividades ilícitas que afectan a ciudadanos y empresas en toda la República Dominicana. El uso indebido de teléfonos móviles dentro de los centros penitenciarios ha sido identificado como una de las principales herramientas para la ejecución de delitos cibernéticos. Actualmente, más del 85% de las llamadas fraudulentas que afectan a la población provienen de estos recintos, lo que resalta la urgencia de esta iniciativa.
