El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aún no ha determinado el estado mental de Ana Josefa García Cuello, la médico militar acusada de decapitar a su hija de seis años el 15 de agosto. En caso de que se determine que sufre de esquizofrenia, las autoridades podrían declararla no imputable del horrendo crimen. Mientras tanto, García Cuello se encuentra en la cárcel cumpliendo una medida de coerción de un año de prisión, a la espera de los resultados de la evaluación psiquiátrica ordenada por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este. La evaluación está a cargo de un equipo profesional del Inacif, quienes determinarán su estado mental y recomendarán a las autoridades.
En caso de confirmarse que sufre de esquizofrenia y que cometió el crimen durante una crisis generada por esa condición, García Cuello podría ser declarada no imputable y se ordenaría que sea atendida por especialistas. La inimputabilidad para enfermos mentales está contemplada en los artículos 374, 375, 376 y 64 del Código Procesal Penal. El abogado de García Cuello, Juan Concepción, afirma que su cliente padece esquizofrenia desde hace once años. Según la Policía, García Cuello decapitó a su hija de 6 años en presencia de su otro hijo de 8 años y luego llamó a su esposo para informarle del problema.
García Cuello, de 44 años, es una médico militar entregada a las creencias cristianas y ejerce como primer teniente del Ejército de la República Dominicana. Después del crimen, la acusada buscó ayuda en su vecino, alegando que un hombre desconocido había entrado a su hogar y agredido a su hija. El expediente acusatorio detalla los eventos que llevaron a la muerte de la niña de seis años. La Iglesia de Dios emitió un comunicado pidiendo que se preserven los derechos fundamentales de García Cuello, independientemente de su estado mental.
La situación de García Cuello ha generado controversia en la opinión pública, con algunos cuestionando su responsabilidad en el crimen debido a su presunta condición de esquizofrenia. La decisión final sobre su imputabilidad recaerá en las autoridades judiciales una vez que se hayan recibido los resultados de la evaluación psiquiátrica realizada por el Inacif. Mientras tanto, la acusada permanece en la cárcel cumpliendo la medida de coerción impuesta por el juez. Este caso destaca la importancia de abordar adecuadamente el tema de la salud mental en el sistema judicial y de garantizar que los enfermos mentales reciban la atención y tratamiento necesarios.
