El caso Gaviota involucra a ocho imputados que estaban prófugos de la justicia durante más de un año antes de ser detenidos. A pesar de estar prófugos, continuaban operando una estructura de estafa de cientos de millones de pesos, según revelaron los abogados de las víctimas. Entre los estafados se encontraban más de 10 pastores evangélicos que invirtieron en este sistema piramidal, según el Ministerio Público.
Los imputados en el caso Gaviota son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucia Martínez Colón. Uno de los abogados de los pastores implicados explicó que estos imputados también enfrentan una orden de arresto por un supuesto esquema similar en Higüey, provincia La Vega.
Una de las víctimas del caso Gaviota, Jeannete Altagracia Hernández del Valle, representaba a siete familiares que invirtieron en el negocio de los imputados. Según Hernández, el monto estafado a su familia asciende a más de cuatro millones de pesos y los acusados tenían oficinas en Santo Domingo Norte, Distrito Nacional y Higüey. Muchas familias fueron afectadas por este presunto esquema fraudulento, con al menos 14 empresas involucradas.
El caso Gaviota implica a alrededor de 4,000 familias afectadas y se estima que la cantidad de dinero estafada a líderes evangélicos supera los 500 millones de pesos. A los pastores se les prometieron rendimientos de entre el 10% y el 35% en sus inversiones, basado en operaciones en el mercado de valores local. Los imputados se presentaban como operadores legales en el mercado de valores de República Dominicana, pero se descubrió que era insostenible.
El aplazamiento del caso Gaviota se debió a que el equipo de defensa de los imputados alegó que no había tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente, que según ellos era muy extenso y contenía muchas pruebas. El Ministerio Público no se opuso al aplazamiento y la jueza Fátima Veloz, presidenta de la Sala de la Oficina Judicial de Atención Permanente, acogió la solicitud y aplazó el caso para la próxima semana. Los imputados enfrentan cargos por presunta estafa y otros delitos relacionados con este esquema fraudulento.
