La Primera Sala de la Cámara Penal de Santo Domingo Este impuso rebeldía y orden de arresto contra el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Anthony Brito Cordero, por emitir un cheque sin fondos para su retiro. La jueza Dolores Galay de la Cruz dictaminó que la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración deben ejecutar el impedimento de salida del país contra el imputado. Brito está acusado de violar las disposiciones del artículo 66 de la Ley número 2859 sobre cheques en perjuicio de Malaquías Altagracia Díaz Camacho.

El funcionario y dirigente político Anthony Brito Cordero se desempeña como director departamental en la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP). Además de enfrentar acusaciones por emitir un cheque sin fondos, ahora se enfrenta a la rebeldía y a una orden de arresto. La jueza Dolores Galay de la Cruz emitió el dictamen que impone estas medidas y ordena a las autoridades correspondientes garantizar que el imputado no pueda salir del país.

La acusación contra Anthony Brito Cordero se basa en presunta violación a las disposiciones del artículo 66 de la Ley sobre cheques. La denuncia fue presentada por Malaquías Altagracia Díaz Camacho, quien se vio perjudicada por el cheque emitido sin fondos. Brito enfrenta serias consecuencias legales por sus acciones, y la orden de arresto y la rebeldía son parte de las medidas tomadas por la justicia en su contra.

La Primera Sala de la Cámara Penal de Santo Domingo Este ha tomado medidas enérgicas contra Anthony Brito Cordero, imponiendo rebeldía y orden de arresto en su contra. Estas acciones se deben a la emisión de un cheque sin fondos y a la presunta violación de la Ley número 2859 sobre cheques. El dirigente político y funcionario gubernamental enfrenta graves consecuencias legales por sus acciones, y la justicia está tomando medidas para garantizar que responda por sus actos.

Anthony Brito Cordero, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y funcionario del gobierno, se encuentra en una situación complicada luego de que se impusiera rebeldía y orden de arresto en su contra. La denuncia por emitir un cheque sin fondos ha llevado a la acusación por presunta violación de la Ley sobre cheques. Las autoridades correspondientes tienen la responsabilidad de ejecutar el impedimento de salida del país contra el imputado y garantizar que responda por sus acciones.

La jueza Dolores Galay de la Cruz fue la encargada de emitir el dictamen que impone rebeldía y orden de arresto contra Anthony Brito Cordero. Como director departamental en la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), el funcionario y dirigente político ahora enfrenta graves consecuencias legales por sus acciones. La acusación por emitir un cheque sin fondos ha desencadenado una serie de medidas judiciales en su contra, demostrando que la justicia no tolerará este tipo de comportamiento.

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