En el municipio Villa Tapia, perteneciente al Distrito Judicial de Hermanas Mirabal, un grupo de 18 jóvenes fue detenido por realizar carreras ilegales de motocicletas el pasado 7 de septiembre. La jueza Felicia Núñez de Jesús impuso medidas de coerción consistente en presentación periódica por un período de seis meses a los jóvenes, quienes fueron arrestados en La Ceiba, en el trayecto de Villa Tapia a Salcedo. Estos jóvenes fueron detenidos en la madrugada por la Policía Preventiva, luego de una alerta de la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel). En el lugar de los hechos se recuperaron unas 20 motocicletas de diferentes marcas utilizadas para las competencias clandestinas.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como violación a los artículos 220 y 267 de la Ley 63-17 sobre Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana. Durante la audiencia, la fiscalizadora Cristina Ortiz presentó ante el Juzgado de Paz las evidencias obtenidas durante la investigación contra los imputados para sustentar la imposición de la medida de coerción. La representante del Ministerio Público solicitó medidas de coerción contempladas en el Código Procesal Penal, consistentes en presentación periódica y garantía económica de 300 mil pesos mediante una compañía aseguradora, debido a la existencia de suficientes evidencias que comprometen la responsabilidad penal de los jóvenes.

La fiscal titular de la provincia Hermanas Mirabal, Zoila Rodríguez Ynfante, expresó a través de un comunicado de prensa que estos hechos, que ponen en peligro la vida de los jóvenes y los transeúntes, deben tener consecuencias para prevenir tragedias que solo traen luto y dolor a las familias dominicanas. En la provincia Hermanas Mirabal, se busca evitar que las muertes por infracciones a la Ley de Tránsito sigan cobrando vidas y se deben tomar medidas estrictas para combatir este tipo de actividades ilegales que implican un alto riesgo para la seguridad pública.

Los jóvenes detenidos enfrentan ahora la imposición de presentación periódica durante seis meses como parte de las medidas de coerción impuestas por la jueza Felicia Núñez de Jesús. El grupo realizaba competencias ilegales a alta velocidad en la localidad La Ceiba, donde se reunieron jóvenes de diferentes lugares de la provincia y la ciudad de La Vega para participar en estas carreras clandestinas. La Policía Preventiva intervino tras una alerta de la Dirección de Inteligencia Delictiva, recuperando 20 motocicletas de diferentes marcas que eran usadas en estas competencias ilegales.

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial en la República Dominicana, en particular a los artículos 220 y 267. La fiscalizadora Cristina Ortiz presentó las evidencias obtenidas durante la investigación contra los imputados para sustentar la imposición de la medida de coerción. El Ministerio Público busca garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes graves causados por actividades ilegales como las carreras clandestinas, que representan un peligro para la vida de los participantes y de los transeúntes.

La comunidad de Villa Tapia y la provincia Hermanas Mirabal se encuentran preocupadas por las consecuencias de estas actividades ilegales, que ponen en riesgo la vida de los jóvenes y de las personas que transitan por la zona. Las autoridades locales y el Ministerio Público han tomado medidas para combatir este tipo de conductas y garantizar la seguridad en las carreteras. La imposición de medidas de coerción a los jóvenes detenidos es parte de los esfuerzos para prevenir accidentes y tragedias relacionadas con las carreras clandestinas de motocicletas en la región.

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