La Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusó al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, y a José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix, de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. También fueron sometidos a la justicia otros implicados en la Operación Camaleón, como Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
La Operación Camaleón fue llevada a cabo por la PEPCA, que solicitó la declaratoria de complejidad del proceso. Durante este operativo se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, con la participación de aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado. Se encontraron cientos de evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, considerando la operación como una de las más exitosas contra el crimen organizado.
La solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público cuenta con suficientes elementos para que el tribunal pueda aceptarla, tanto en lo que respecta a la imposición de la medida de coerción como a la declaratoria de complejidad del proceso. Las acusaciones incluyen cargos graves como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad, lo que muestra la magnitud de las actividades delictivas de los implicados.
Este caso representa un golpe importante contra la corrupción en República Dominicana, ya que involucra a altos funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que afectan directamente al Estado y a la sociedad en general. La Operación Camaleón ha sido destacada como una de las más exitosas contra el crimen organizado en el país, gracias al trabajo conjunto de la PEPCA, la Policía Nacional y fiscales especializados en este tipo de delitos.
Se espera que el proceso judicial contra los acusados avance de manera efectiva y se logre llevar a todos los responsables ante la justicia, para que se haga justicia y se castigue ejemplarmente a los implicados en estas actividades delictivas. La diligencia y la dedicación de las autoridades encargadas de combatir la corrupción en el país son fundamentales para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión pública, y para erradicar este tipo de conductas que tanto daño causan a la sociedad dominicana.
