El exdirector del Intrant, Hugo Beras, fue detenido por el Ministerio Público luego de un allanamiento en su residencia en el sector Piantini del Distrito Nacional. Beras es investigado por presuntas irregularidades en un contrato para la modernización del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo. También se detuvo a Jochy Gómez, propietario de la empresa Transcore Latam, relacionada con el caso.
La abogada de Hugo Beras denunció en redes sociales que no se le permitió ingresar a la residencia de su cliente durante el allanamiento y que no se le permitió comunicarse con él mientras estuvo en la sede de la Procuraduría General de la República. Calificó la situación como un "abuso innecesario" y resaltó la importancia del derecho constitucional de ser asistido por un abogado en estos casos.
La investigación se centra en supuestas irregularidades y delitos relacionados con la contratación de la empresa Transcore Latam por más de 1,300 millones de pesos en 2023 durante la gestión de Hugo Beras en el Intrant. La Dirección de Contrataciones Públicas detectó indicios de corrupción, falsificación de documentos y vicios en el proceso de contratación que involucra a esta empresa.
El allanamiento en la residencia de Hugo Beras y la detención de Jochy Gómez se llevaron a cabo luego de horas de interrogatorios a los implicados por fiscales de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción. Ambos fueron trasladados a Ciudad Nueva sin poder comunicarse con sus abogados, según informaciones proporcionadas por la abogada de Beras en redes sociales.
La situación ha generado controversia y debate en la opinión pública sobre la actuación del Ministerio Público en este caso y la preservación de los derechos fundamentales de los implicados. La abogada de Hugo Beras ha insistido en la importancia de garantizar el derecho a la asistencia legal en estos procedimientos, resaltando que es un derecho constitucional que no debe ser violado en ningún caso.
La investigación sigue su curso y se espera que se aclaren las presuntas irregularidades en el contrato relacionado con la modernización del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo. El caso seguirá generando atención en la opinión pública y es posible que surjan nuevas informaciones en los próximos días a medida que avancen las diligencias judiciales.
