La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en México, presentó una demanda contra el banco HSBC, alegando que este bloqueó fondos en pesos y dólares de la institución, afectando sus compromisos de pago. También sostiene que el banco ajustó las tasas de interés de una inversión importante, reduciéndolas del 8% al 4%. Las acciones tomadas por HSBC tuvieron consecuencias sobre las gestiones administrativas de la universidad, en el proceso de pago a más de 10,000 colaboradores, incluidos salarios, becas y compromisos de pago para el fondo de pensiones. La UAEH indicó que estas modificaciones no fueron acordes con los principios de equidad contractual establecidos y presentó una demanda ante el poder judicial de la Ciudad de México, argumentando que algunas cláusulas eran nulas. Además, señaló que HSBC retuvo recursos en cuentas de inversión, a pesar de una orden judicial que solicitaba su devolución, lo que afectó el funcionamiento de la universidad y dificultó el cumplimiento de sus compromisos financieros.
El conflicto entre la UAEH y HSBC tiene antecedentes en 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda comenzó a investigar posibles actividades financieras irregulares del entonces rector de la universidad, Gerardo Sosa. La UAEH negó estas acusaciones y la consideró una persecución política por parte de Santiago Nieto, quien lideraba la investigación. En 2023, una orden judicial solicitó que las cuentas fueran desbloqueadas. Es relevante mencionar que HSBC ha sido investigado en el pasado por actuaciones irregulares relacionadas con lavado de dinero e implementación de cargos duplicados, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y México. En México, clientes denunciaron cargos duplicados en sus cuentas, mientras que en Suiza, HSBC facilitó transacciones sospechosas de alto riesgo por más de 300 millones de dólares.
Este caso ha generado interés en México por las posibles implicaciones financieras y legales, así como por abrir un debate sobre la responsabilidad de las instituciones bancarias hacia sus clientes, especialmente cuando se trata de entidades públicas. Mientras las conversaciones continúan entre la UAEH y HSBC, es importante destacar el impacto que esta situación tiene sobre la comunidad universitaria. La retención de recursos por parte del banco ha dificultado el cumplimiento de obligaciones patronales de la universidad, como las cuotas de seguridad social y las retenciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) e Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que ha afectado a trabajadores, jubilados, becarios, fondos de pensiones y proveedores.
La UAEH ha reiterado que las acciones tomadas por HSBC han complicado significativamente su operatividad, impidiéndole acceder a los fondos necesarios para cumplir con sus compromisos financieros. La universidad señaló que las modificaciones en las tasas de interés y la retención de recursos en cuentas de inversión no fueron acordes con los principios de equidad contractual. La demanda presentada por la UAEH ante el poder judicial de la Ciudad de México argumenta que algunas cláusulas son nulas y que las acciones del banco afectaron al cumplimiento de obligaciones financieras con más de 10,000 colaboradores. Aunque el conflicto entre la UAEH y HSBC tiene antecedentes en investigaciones por actividades financieras irregulares, la universidad ha negado las acusaciones en su contra y considera que está siendo víctima de persecución política.
En este contexto, el debate sobre la responsabilidad de las instituciones bancarias hacia sus clientes cobra relevancia, especialmente cuando se trata de entidades públicas como la UAEH. El caso ha generado interés en México y plantea preguntas sobre la ética y la transparencia en las prácticas bancarias, así como sobre la protección de los clientes frente a posibles acciones irregulares por parte de los bancos. Mientras las conversaciones entre la UAEH y HSBC continúan, es fundamental tener en cuenta el impacto que esta situación tiene sobre la comunidad universitaria, que se ve directamente afectada por la retención de fondos y la dificultad para cumplir con sus compromisos financieros y patronales.
