El Quinto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a Dionar de Oleo Montero a 20 años de prisión por el asesinato de dos personas ocurrido en el sector Los Tres Brazos en 2023. El fiscal investigador Wilson Díaz reveló que los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de mayo, cuando las víctimas compartían con amigos en un centro de bebidas alcohólicas. De Oleo Montero llegó al lugar con otros tres individuos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas, causándoles heridas mortales. Durante el juicio, el Ministerio Público demostró la responsabilidad penal de De Oleo Montero por violar varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 631-16 sobre el control de armas.

La fiscal litigante Ivette Mateo representó al Ministerio Público durante el juicio, donde se demostró la culpabilidad de De Oleo Montero en los asesinatos. La agresión a las víctimas fue precedida por una discusión entre Franklin Evelio Calderón y uno de los acusados. Los jueces ordenaron que De Oleo Montero cumpla su condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Este caso es solo uno de muchos relacionados con la violencia armada en República Dominicana, un problema que las autoridades luchan por controlar. La asociación de malhechores y la muerte con premeditación son delitos graves que deben ser castigados de manera contundente.

Los familiares de las víctimas buscaron justicia para sus seres queridos, que perdieron la vida de manera violenta en un hecho sin sentido. La violencia armada es un problema que afecta a toda la sociedad dominicana, y es necesario tomar medidas para prevenirla y castigar a los responsables. La presencia de armas de fuego ilegales en manos de delincuentes es un desafío para las autoridades que deben abordarse de manera urgente. La colaboración entre la policía, el Ministerio Público y el poder judicial es fundamental para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de la población.

El caso de Dionar de Oleo Montero es un ejemplo de la violencia desenfrenada que se vive en algunos sectores de Santo Domingo Este y otras áreas de República Dominicana. La impunidad en los casos de violencia armada puede fomentar la repetición de estos delitos, por lo que es crucial que se aplique la ley de manera rigurosa. La condena de 20 años de prisión impuesta a De Oleo Montero envía un mensaje claro de que tales acciones no serán toleradas en la sociedad dominicana. Los familiares de las víctimas esperan que esta sentencia les brinde un poco de consuelo y cierre en un momento tan difícil.

La violencia armada es un problema multifacético que requiere un enfoque integral por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. La educación, la prevención y la aplicación de la ley son clave para abordar esta problemática y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Los casos como el de De Oleo Montero son recordatorios de que la violencia no resuelve nada y solo deja un rastro de dolor y sufrimiento a su paso. Las autoridades deben tomar medidas en colaboración con la comunidad para prevenir y erradicar la violencia armada en República Dominicana.

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