La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago ha dictado medidas de coerción contra un hombre acusado de delito electoral, por falsificar documentos públicos y firmas de un juez para evitar presidir un Colegio Electoral durante las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo. La jueza Stephanie Santiago Reyes impuso una garantía económica de $200 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país a Domingo Ramírez Rodríguez en una audiencia en la que la Fiscalía estuvo representada por la fiscal Merary Guzmán. El acusado presentó renuncia al cargo que se le había asignado en la Junta Central Electoral para presidir un colegio electoral en la Universidad Tecnológica de Santiago alegando una citación en El Seibo.
La investigación realizada por la Fiscalía reveló que Ramírez Rodríguez presentó documentos falsificados para sustentar su renuncia al cargo electoral, incluyendo un aviso de requerimiento y un auto de emplazamiento emitidos por el Tribunal de Tierras de El Seibo. Estos documentos mostraban diferencias en el formato de las firmas del juez y la secretaria, lo que evidenciaba la falsificación. Además de violar la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23, el acusado también incurrió en otros delitos al hacer uso de documentos públicos falsificados para su beneficio, de acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía de Santiago.
La Fiscalía presentó cargos provisionales contra Ramírez Rodríguez por violación a los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano, que tipifican la falsedad en escritura pública o auténtica, de comercio o de entidad financiera, así como el artículo 18 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que tipifica la falsedad de documentos y firmas. También se le acusó de violar el artículo 65, párrafo I, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23, que prohíbe renunciar o no desempeñar funciones designadas una vez aceptadas voluntariamente.
La legislación contempla sanciones penales para los delitos electorales cometidos en perjuicio del Estado dominicano y de la Junta Electoral de Santiago. Las medidas de coerción impuestas por la jueza incluyen una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país para el acusado. La Fiscalía continúa con la investigación del caso, representada por el titular del órgano persecutor Osvaldo Bonilla Hiraldo y el fiscal Aldo Peralta Lendof, con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar adelante el proceso judicial correspondiente contra el acusado por delitos electorales y falsificación de documentos públicos.
