Un hombre identificado como Imauri Payano Reynoso fue condenado a cinco años de prisión por el Tribunal Colegiado de Samaná en la República Dominicana. La condena se impuso por el delito de abuso sexual cometido contra una adolescente de 14 años en el año 2022. El hecho ocurrió cuando la víctima acudió a la residencia de Payano Reynoso tras ser invitada por él para recoger un regalo, momento en el que el imputado la tocó en diferentes partes del cuerpo. El hombre fue arrestado el 29 de diciembre de 2022 cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional del Cibao, en la provincia de Santiago.
El acusado fue encontrado culpable de violentar el artículo 396, literal C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, que tipifica el abuso sexual. Por esta razón, deberá cumplir su condena en el centro de privación de libertad de Samaná. Este caso pone de manifiesto la importancia de proteger a los menores de edad y garantizar que se respeten sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la integridad física y emocional. El sistema de justicia debe actuar con firmeza en estos casos para prevenir y sancionar cualquier forma de abuso contra los niños, niñas y adolescentes.
La condena impuesta a Imauri Payano Reynoso es un paso importante en la lucha contra la violencia sexual y el abuso infantil en la República Dominicana. Este tipo de delitos deben ser investigados a fondo y los responsables deben recibir sanciones ejemplares para enviar un mensaje claro de rechazo a este tipo de conductas. Es fundamental trabajar en la prevención de la violencia de género y en la protección de las víctimas, brindándoles el apoyo necesario para su recuperación física y emocional.
La red de explotación sexual en Punta Cana es otro ejemplo de la importancia de combatir estas prácticas que vulneran los derechos de las personas, especialmente de las mujeres y los niños. La explotación sexual es un flagelo que afecta a la sociedad en su conjunto y que debe ser erradicado mediante acciones coordinadas entre las autoridades, la sociedad civil y otros actores relevantes. Es necesario sensibilizar a la población sobre este tema y promover una cultura de respeto y protección hacia las víctimas.
La justicia debe ser implacable en la persecución y sanción de los responsables de abusos y explotación sexual, garantizando que las víctimas reciban un trato digno y justo en todo momento. La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de toda la sociedad para garantizar un entorno seguro y saludable para su desarrollo integral. Es necesario fortalecer las políticas públicas y los mecanismos de protección para prevenir y combatir la violencia de género y el abuso infantil en todas sus formas.
