Varias organizaciones sociales, incluyendo la Asociación de Abogados de la República Dominicana (CARD), la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), han expresado su preocupación sobre la constitucionalidad de una ley recientemente aprobada que otorga al Tribunal Superior Electoral (TSE) jurisdicción sobre asociaciones profesionales y otras. Estos grupos argumentan que la ley viola la Constitución y socava la democracia al permitir que el TSE intervenga en disputas internas dentro de las asociaciones. Específicamente, el artículo 12, párrafo 10, que otorga al TSE la autoridad para conocer y decidir sobre conflictos dentro de estas organizaciones, se considera que excede los límites constitucionales.
Las organizaciones instan a los legisladores a enmendar el proyecto de ley y eliminar estas disposiciones controversiales, que consideran que infringen la autonomía de las asociaciones profesionales y las organizaciones de la sociedad civil.
Las preocupaciones se centran en el hecho de que permitir al TSE intervenir en asuntos internos de asociaciones podría socavar la independencia y la autonomía de estas organizaciones, lo que sería perjudicial para el pluralismo democrático en el país. Además, se argumenta que la intervención del TSE en asuntos internos de las asociaciones podría llevar a decisiones sesgadas y políticamente motivadas, lo que afectaría negativamente la transparencia y la democracia en general.
Además, las organizaciones consideran que la ley puede ser utilizada para perseguir a ciertos grupos o individuos dentro de las asociaciones, lo que socavaría aún más la libertad de asociación y la libertad de expresión en el país. Se destaca la importancia de proteger y promover la autonomía de las asociaciones profesionales y civiles para garantizar la diversidad de opiniones y la participación democrática en la sociedad dominicana.
En respuesta a estas preocupaciones, las organizaciones están instando a los legisladores a revisar la ley y a hacer las modificaciones necesarias para garantizar que se respeten los principios constitucionales de independencia y autonomía de las asociaciones. Se espera que esta presión de la sociedad civil influya en el proceso legislativo y lleve a cambios en la legislación para proteger los derechos de las asociaciones y fortalecer la democracia en el país.
