La Procuraduría General de la República no ha sido consultada con respecto al proyecto de reforma constitucional que presentará el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, específicamente en lo que se refiere a los requisitos y mecanismos de designación del Procurador General de la República y del Consejo Superior del Ministerio Público. La magistrada Miriam Germán Brito envió una carta al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dejando constancia de que la Procuraduría General de la República no ha emitido ninguna opinión al respecto, ya sea a título personal o en su calidad de Procuradora General de la República.
A pesar de no haber sido consultada, la procuradora Germán Brito envió la carta con el objetivo de hacer precisiones y aclaraciones sobre un tema que ha generado preocupación en la institución. Aunque una fuente cercana a la magistrada mencionó que ella no se siente maltratada por no ser consultada, sino que simplemente quiere dejar claro que no ha emitido ninguna opinión al respecto. En tanto, varias asociaciones de fiscales consideraron como un atentado a la institucionalidad y al Ministerio Público los intentos del Ejecutivo de eliminar aspectos relacionados con la constitución del Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución.
Representantes de dos gremios del Ministerio Público señalaron que sacar la figura del Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución constituiría un atentado contra la carrera del Ministerio Público. Consideran que lo más conveniente es no modificar la conformación de dicho consejo, ya que es la entidad encargada de velar por la carrera en la institución. Para mantener la independencia del Ministerio Público, sugieren elegir un procurador de entre los 1,200 miembros fiscales que sean de carrera, y una mayoría de procuradores de corte que cuenten con el perfil necesario para ocupar el cargo.
En este sentido, las asociaciones de fiscales consideran que la propuesta de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo podría tener consecuencias negativas para la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público. Destacan la importancia de mantener la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público en la Constitución, como garantía de transparencia y autonomía en la carrera de los fiscales. Asimismo, subrayan la necesidad de elegir a un procurador con el perfil adecuado para el cargo, a fin de garantizar la eficacia y la imparcialidad en la función de la Procuraduría General de la República.
Ante la preocupación manifestada por las asociaciones de fiscales y la controversia generada por la propuesta de reforma constitucional del Poder Ejecutivo, es importante que se establezcan canales de comunicación y diálogo entre todas las partes involucradas. La transparencia y la participación son fundamentales para asegurar que cualquier modificación constitucional que afecte al Ministerio Público sea consultada con las partes interesadas y se lleve a cabo de manera consensuada y en beneficio de la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público. Es necesario garantizar que cualquier cambio en la designación del Procurador General de la República y del Consejo Superior del Ministerio Público se realice de acuerdo con los principios de imparcialidad, transparencia y legalidad.
