El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional levantó el arresto domiciliario al ex subjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola y al coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, dos de los principales imputados en el caso de corrupción Operación Coral y Coral 5G. También se retiró la prisión en la casa al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora evangélica Rossy Guzmán, a quien se imputa de testaferro del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) también señalado en el expediente.
A Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusept, se le dejó la garantía económica de 100 millones de pesos mediante contrato, impedimento de salida del país y localizador electrónico; a De los Santos Viola, 1 millón de pesos mediante contrato, impedimento de viajar sin autorización del tribunal y el grillete. En tanto que a Tanner Flete se le impuso 100 mil pesos de fianza mediante contrato con una compañía aseguradora e impedimento de salida del país. Los tres forman parte del grupo de militares y policías implicados en el caso de supuesta estafa de más de 4,500 millones del Estado a través del Cusep y el Cuerpo Especial de Seguridad Turística (Cestur).
En el caso igualmente se acusa al extitular del Cestur, general Juan Carlos Torres Robiou; al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, el general Boanerges Reyes Batista (ARD), el capitán de navío de la Armada Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón y algunos familiares de estos. En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco. Todos enfrentan un juicio de fondo que conoce actualmente el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que tiene audiencia el próximo jueves 18 de este mes de abril.
La Operación Coral y Coral 5G es un caso de corrupción en el que se investiga una supuesta estafa de más de 4,500 millones de pesos del Estado a través del Cusep y el Cuerpo Especial de Seguridad Turística (Cestur). Entre los implicados se encuentran militares y policías de alto rango, incluyendo al exjefe del Cusep, el general Adán Cáceres Silvestre, así como a otros oficiales y familiares de estos. El caso ha generado gran controversia en la República Dominicana y ha puesto en entredicho la integridad de las fuerzas de seguridad del país.
El levantamiento del arresto domiciliario a los principales imputados, entre ellos el general De los Santos Viola y el coronel Núñez de Aza, ha sido recibido con sorpresa y críticas por parte de la opinión pública. Se han impuesto medidas de garantía económica y de restricción de salida del país a los acusados, con el objetivo de asegurar su comparecencia en el juicio y prevenir la fuga. El caso sigue en proceso y se espera que la audiencia del próximo jueves arroje más luz sobre los hechos y las responsabilidades de los involucrados.
La corrupción en las fuerzas de seguridad y en el Estado en general es un problema grave en la República Dominicana, que socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones y afecta el desarrollo del país. Casos como el de la Operación Coral y Coral 5G ponen de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el gobierno y en las fuerzas de seguridad. La sociedad dominicana demanda justicia y castigo para los responsables de estos actos de corrupción que perjudican a toda la población.
