La vicepresidenta Raquel Peña y funcionarios del Gobierno se comprometieron públicamente a luchar contra la corrupción administrativa para preservar el patrimonio y los recursos del Estado, así como a dar a conocer cualquier acto dañino a los bienes públicos. En un documento firmado por 98 funcionarios, se comprometieron a actuar con respeto hacia la institucionalidad de los órganos directivos, renovar el conocimiento de los funcionarios y técnicos en áreas sensibles, garantizar la dignidad humana, el derecho a la salud, la educación y la administración pública bajo los principios de transparencia y probidad.
Aunque el documento fue publicado en los diarios impresos de circulación nacional, tiene fecha del 23 de agosto de este año. Los funcionarios se comprometieron a actuar siempre con respeto y disposición hacia la institucionalidad de los órganos directivos y a poner el interés general por encima de los intereses partidarios, grupales, familiares y personales, evitando así incurrir en conflictos por causa de éstos. En caso de violar los compromisos éticos establecidos en el documento, aceptan ser susceptibles de la debida sanción.
Los funcionarios firmantes también se comprometieron a cumplir con la ley que establece la declaración jurada en el plazo establecido por la ley 311-14 y a velar por el cumplimiento de la ley de Acceso a la información pública. Asimismo, se comprometieron a ejecutar correctamente el presupuesto asignado de manera eficiente y eficaz, cumpliendo con los objetivos perseguidos y evitando incurrir en conflictos de intereses. En resumen, se comprometieron a actuar en beneficio de la sociedad dominicana y del presidente Luis Abinader.
En el documento, los funcionarios públicos expresaron su compromiso ético con la sociedad dominicana y con el presidente Luis Abinader, reafirmando su lucha contra la corrupción administrativa y su disposición a actuar con transparencia y probidad en todas sus acciones. Además, se comprometieron a colaborar con las autoridades competentes y con la sociedad en la denuncia de cualquier acto lesivo a los bienes públicos, preservando así el patrimonio y los recursos del Estado.
Este compromiso ético fue hecho público en un espacio pagado en los diarios impresos de circulación nacional, demostrando la voluntad de los funcionarios de actuar con honestidad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. A través de este documento, los funcionarios se comprometen a actuar de manera diligente y eficiente en el cumplimiento de sus responsabilidades, priorizando siempre el interés general por encima de intereses particulares o partidistas, y evitando así incurrir en conflictos de intereses que puedan comprometer su integridad y la de los recursos públicos.
En conclusión, la firma de este documento por parte de 98 funcionarios del Gobierno de la República Dominicana representa un compromiso público y solemne de lucha contra la corrupción administrativa, transparencia y probidad en el ejercicio de sus funciones, así como un compromiso con la sociedad dominicana y el presidente Luis Abinader. Los funcionarios se comprometen a actuar con honestidad, respeto hacia la institucionalidad, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, evitando cualquier acto que pueda lesionar el patrimonio y los recursos del Estado.
