En junio de 2023, Diario Libre solicitó información a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) para una nota periodística. Sin embargo, la respuesta llegó el 12 de febrero de 2024, más de seis meses después, incumpliendo el plazo establecido por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Esta situación no es excepcional, ya que muchas instituciones públicas responden tardíamente o ignoran las solicitudes, convirtiendo a la legislación y al SAIP en mecanismos de distracción para los usuarios.
Varios periodistas han experimentado retrasos en la respuesta a sus solicitudes de información, lo que dificulta su trabajo y la elaboración de sus historias. Algunas solicitudes pendientes desde 2019 aún esperan respuesta, a pesar de aparecer como completadas en el SAIP. Algunos periodistas incluso han recurrido al Tribunal Superior Administrativo (TSA) para hacer valer su derecho a la información.
Un caso emblemático fue el del periodista Huchi Lora, quien demandó a la Oficina Presidencial para el Reordenamiento del Transporte (Opret) por la falta de respuesta a sus solicitudes de información sobre la construcción del metro de Santo Domingo. A pesar de recibir una gran cantidad de documentos técnicos, se consideró que la respuesta no fue satisfactoria. Lora destaca la importancia de hacer cumplir la Ley 200-04 y el uso permanente de esta herramienta por parte de los ciudadanos.
La Ley 200-04 establece que las solicitudes de información deben ser respondidas en un plazo máximo de 15 días hábiles, con la posibilidad de una prórroga excepcional de 10 días hábiles en circunstancias especiales. La legislación también estipula que la negación o falta de entrega de información constituye una violación a la ley, con posibles sanciones para los funcionarios responsables. Los periodistas pueden recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo en caso de inconformidad con la respuesta recibida.
El SAIP es la plataforma que concentra las solicitudes de acceso a la información a las instituciones del Gobierno en República Dominicana. A pesar de haber gestionado más de 91,000 solicitudes, muchas de ellas siguen en proceso, cerradas o sin una definición clara. Algunos usuarios han reportado dificultades con el funcionamiento del portal, incluida la desaparición de solicitudes. A pesar de los intentos de comunicación con la titular de la Digeig, no se ha obtenido una respuesta, lo que evidencia obstáculos en el acceso a la información, independientemente de la vía utilizada.
En los últimos años, varios periodistas han recurrido al Tribunal Superior Administrativo para hacer valer su derecho a la información ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de instituciones estatales. A pesar de los desafíos y obstáculos, se destaca la importancia de hacer cumplir la legislación de libre acceso a la información y de trabajar en conjunto para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los derechos ciudadanos.
