En el gobierno dominicano existe una costumbre arraigada entre los funcionarios de declinar o retrasar las respuestas a las solicitudes de información, a pesar de las quejas públicas y editoriales de los medios de comunicación. Diario Libre ha experimentado constantemente esta situación, donde solicitudes que podrían ser respondidas en uno o dos días, pasan semanas e incluso se quedan en el olvido. El diario ha recopilado casos de pedidos de información que datan desde el 2019 y que nunca fueron respondidos, ya sea a través de los departamentos de Comunicaciones o del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP).
Recientemente, Diario Libre ha realizado más de una docena de solicitudes a diversas dependencias públicas y no ha recibido respuesta, en contraposición al discurso de transparencia que mantiene el gobierno. Una de las entidades más destacadas por ignorar las solicitudes de información es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, dirigido por Randolfo Rijo Gómez, que incluso deja las solicitudes en el aire sin siquiera dar un acuse de recibo. Esta situación viola la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.
Se han realizado solicitudes de información a diversas entidades públicas como el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas y el Ministerio de Obras Públicas. En muchos de estos casos, las respuestas se han quedado en promesas de ser canalizadas o en la sugerencia de dirigirse a otras oficinas. La falta de respuestas completas y oportunas dificulta el trabajo de los periodistas y la transparencia en la gestión pública.
El presidente de la República abordó el tema de las negativas constantes en la entrega de información por parte de los funcionarios públicos, prometiendo instruir a sus colaboradores para que proporcionen la información solicitada por los medios de comunicación. Esta falta de acceso a la información afecta la labor de los periodistas y la rendición de cuentas en el gobierno. La transparencia y el libre acceso a la información son fundamentales para una sociedad democrática y participativa.
La periodista y docente universitaria Tania Molina, redactora senior en Diario Libre, ha denunciado la falta de respuestas por parte de las instituciones públicas a las solicitudes de información realizadas por el diario. Muchas veces, los pedidos de información no obtienen respuesta o se quedan en promesas de ser canalizadas. Esta situación dificulta el ejercicio del periodismo de investigación y la rendición de cuentas en el gobierno. Es necesario que las autoridades públicas cumplan con su deber de transparencia y acceso a la información.
En un contexto donde las instituciones públicas ignoran o retrasan las respuestas a las solicitudes de información, es fundamental que los medios de comunicación y la sociedad civil exijan transparencia y rendición de cuentas a las autoridades. El acceso a la información pública es un derecho fundamental en una democracia, y su garantía es esencial para combatir la corrupción y asegurar una gestión gubernamental eficiente y responsable. Es responsabilidad de los funcionarios públicos y de las instituciones estatales cumplir con la ley y facilitar el acceso a la información a los ciudadanos y a los medios de comunicación.
