El secretario de Asuntos Jurídicos del partido Fuerza del Pueblo, Raúl Martínez, denunció la designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) como ilegal. Esto se debe a que el decreto núm. 614-2024 lo mantiene como titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, lo cual va en contra de un requisito exigido por la ley, que establece que el director ejecutivo de la DGAPP no puede desempeñar otro cargo o empleo. Martínez argumenta que la función de director ejecutivo de la DGAPP es de dedicación exclusiva y que Pimentel no puede ejercer ambos roles simultáneamente.
Martínez también señaló que designar a la misma persona en ambos cargos es inconcebible, ya que la Dirección General de Contrataciones Públicas tiene la responsabilidad de fiscalizar los procesos de contratación de bienes y servicios que realiza la DGAPP. Además, recalcó que la DGAPP es una entidad autónoma y descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que maneja recursos del Presupuesto General del Estado. Por lo tanto, el Director Ejecutivo tiene la responsabilidad de administrar los recursos de la institución, lo que plantea conflictos de interés si Pimentel ocupa ambos cargos.
Otro argumento presentado por Martínez es que la Dirección General de Contrataciones Públicas ya forma parte del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, por disposición expresa de la Ley núm. 47-20. Esta entidad emite opiniones técnicas sobre los procesos competitivos que lleva a cabo la DGAPP. Por lo tanto, designar al Director General de Contrataciones Públicas como director de la DGAPP anula las funciones de control y fiscalización que debería cumplir la primera entidad respecto de los procesos competitivos liderados por la segunda.
El dirigente de Fuerza del Pueblo lamentó que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno esté socavando el diseño institucional y los sistemas de control para el manejo de los fondos públicos establecidos en las leyes dominicanas. Considera que esta designación ilegal demuestra la falta de compromiso del PRM con los valores de transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Martínez advierte que esta situación pone en riesgo la correcta fiscalización de los fondos públicos, lo cual es preocupante para la democracia y el buen manejo de los recursos del Estado.
