El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, condenó la decisión del Ministerio de Interior y Policía de desmontar la tarima instalada en la Plaza de la Bandera por el movimiento Antigua Orden Dominicana, en el marco de una protesta pacífica en contra de la presencia de inmigrantes haitianos ilegales en el país. En un comunicado, García calificó la medida como un acto de intolerancia inaceptable y expresó que genera preocupación en la sociedad sobre cómo el gobierno interpreta el valor de la democracia. El dirigente afirmó que este tipo de acciones atentan contra las libertades públicas y los logros democráticos alcanzados por el país en las últimas cinco décadas.
García señaló que la protesta, convocada de manera pacífica, es un derecho constitucional que busca llamar la atención sobre el tema migratorio, de gran relevancia nacional. Además, destacó que los organizadores cumplieron con los requisitos legales de notificación, por lo que las autoridades debieron garantizar el desarrollo pacífico de la manifestación. En una democracia, los ciudadanos tienen derechos constitucionales que deben ser respetados, y ninguna autoridad, ya sea electa o designada, puede obstruirlos. El aspirante presidencial instó a todo el pueblo dominicano a rechazar este acto de intolerancia por parte del gobierno.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó a través de sus redes sociales que el desmonte de la tarima se realizó debido a que no contaba con la debida autorización de la Alcaldía del Distrito Nacional. Sin embargo, luego de recibir la información, instruyó suspender la acción para preservar el clima de paz de los manifestantes que se encontraban en la Plaza de la Bandera. Raful destacó que, para montar una tarima en ese lugar, se debe solicitar una autorización a las Fuerzas Armadas. La funcionaria enfatizó la importancia de respetar los procedimientos legales para llevar a cabo este tipo de actividades públicas.
La respuesta de la ministra generó controversia, ya que fue interpretada como una interferencia en el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. Muchos sectores de la sociedad dominicana expresaron su apoyo a la protesta y criticaron la actuación de las autoridades al desmontar la tarima. La situación puso en evidencia el debate sobre los límites del ejercicio de la democracia y la libertad de expresión en el país, así como la importancia de garantizar un ambiente de respeto y diálogo en medio de las diferencias políticas y sociales.
En medio de la polémica, el tema migratorio y la presencia de inmigrantes haitianos ilegales en República Dominicana siguen siendo un asunto candente en la agenda política y social del país. La protesta en la Plaza de la Bandera evidenció las divisiones y tensiones existentes en torno a este tema, así como la necesidad de encontrar soluciones justas y respetuosas con los derechos humanos de todas las personas involucradas. La sociedad dominicana se enfrenta a desafíos complejos que requieren un enfoque inclusivo y tolerante para lograr la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre todos sus ciudadanos.
