El presidente Gerald R. Ford intentó juzgar a funcionarios de pasadas administraciones estadounidenses implicados en el complot que resultó en la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Luego de que la Comisión Rockefeller determinara que hubo participación inapropiada de Estados Unidos en la muerte de Trujillo, Ford ordenó que el informe fuera enviado al Departamento de Justicia para su revisión y acciones correspondientes. Aunque no se pudo determinar si la violación de la ley estadounidense estaba dentro del plazo de prescripción, sí se confirmó que existía una prohibición federal clara contra la conspiración dirigida contra Trujillo en 1961.
El informe emitido por la Comisión recomendaba que en el futuro, las armas solo se suministraran a conspiradores en circunstancias excepcionales, con un cuidadoso análisis del impacto en las relaciones exteriores de Estados Unidos y en la opinión pública si estas actividades se divulgaran. Se estableció que la CIA debía modificar sus procedimientos para requerir el consentimiento del Departamento de Estado antes de transmitir armas a través de valija diplomática, cumpliendo así con las obligaciones de los tratados internacionales. El presidente Ford dejó claro que el asesinato no debía ser una herramienta de la política estadounidense.
El informe también reveló que la CIA había proporcionado armas a disidentes dominicanos para neutralizar a Trujillo, bajo la premisa de ser utilizadas en defensa personal. Sin embargo, se cuestionó la participación de Estados Unidos en actividades que involucraban asesinatos políticos directos, destacando la importancia de mantener la postura moral del país ante el mundo. La comisión coincidió en que la participación de cualquier agencia del gobierno estadounidense en planes que implicaran asesinatos era contraria a los principios constitucionales y morales de la república.
El asesinato de Trujillo en 1961 puso fin a su gobierno de 31 años, y el papel de la CIA en este evento fue investigado en 1974 tras la denuncia realizada por The New York Times. La comisión encabezada por Nelson Rockefeller emitió un informe en enero de 1975, donde se concluyó que hubo un nivel inadecuado de participación estadounidense en la muerte del general Trujillo, señalando una falta de consideración de los riesgos y una supervisión inadecuada de la operación. Se hicieron recomendaciones para evitar la implicación de Estados Unidos en actividades similares en el futuro.
Aunque el plazo de prescripción para posibles cargos legales contra los implicados en el complot podría haber expirado, se destacó que las conspiraciones para cometer actos ilegales podrían haber continuado mucho después de la muerte de Trujillo. La investigación y el informe de la Comisión sirvieron para arrojar luz sobre la participación de Estados Unidos en eventos pasados y establecer recomendaciones para evitar situaciones similares en el futuro, enfatizando el respeto por los principios éticos y legales de la nación. La transparencia y la responsabilidad en la actuación de las agencias gubernamentales eran aspectos clave en el análisis de estos eventos históricos.
