La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) apoya la destitución de funcionarios que no presenten sus declaraciones juradas de bienes, considerando que sería un excelente precedente en la República Dominicana si el presidente Luis Abinader cumple su advertencia al respecto. El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que es importante que los funcionarios cumplan con la ley y que la destitución sería una consecuencia adecuada para aquellos que no lo hagan.
A pesar de su apoyo a las destituciones, FINJUS lamenta que la Ley 311-14, que establece la obligatoriedad de realizar declaraciones juradas, contemple principalmente sanciones administrativas en lugar de medidas más severas. Castaños Guzmán indicó que las sanciones previstas por la ley son principalmente amonestaciones para quienes no cumplan con la presentación de sus declaraciones juradas, aunque también contempla sanciones para aquellos que falsifiquen la información.
El presidente Abinader anunció que dará un plazo de 15 días a los funcionarios para presentar sus declaraciones juradas de bienes, advirtiendo que quienes no lo hagan en ese período serán suspendidos y posteriormente cancelados si no cumplen con la declaración. La mayoría de los ministros y directores de su gabinete ya han presentado sus declaraciones juradas, pero se espera que algunos funcionarios cumplan con este requisito en el plazo establecido.
Al llegar a República Dominicana, el presidente se reunirá con el Gabinete de Ética y Transparencia para discutir este tema y establecer los procedimientos necesarios. La vicepresidenta Raquel Peña expresó su opinión de que no habría dado más plazo a los funcionarios para presentar sus declaraciones juradas de bienes, indicando que es importante que cumplan con sus obligaciones legales en el tiempo establecido.
En caso de que los funcionarios faltantes no cumplan con la presentación de sus declaraciones juradas en el plazo establecido, el presidente Abinader ha dejado claro que tomará medidas drásticas como la suspensión y cancelación de aquellos que no cumplan con la ley. Esta decisión podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, demostrando que las autoridades están comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas.
FINJUS y otros actores de la sociedad civil han respaldado la postura del presidente Abinader en este tema, considerando que es fundamental que los funcionarios cumplan con la presentación de sus declaraciones juradas de bienes como una muestra de su compromiso con la legalidad y la transparencia en la gestión pública. Estas acciones demuestran el compromiso del gobierno dominicano en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en el país.
