El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó la importancia de la libertad de expresión e información como derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Estos derechos permiten a los ciudadanos mantener una relación eficaz con el sector público y participar activamente en la política. Además, protegen a los ciudadanos de posibles abusos, según Castaños Guzmán durante su participación en una actividad organizada por el Colegio de Periodistas en el Distrito Nacional.
La participación ciudadana promueve principios como el derecho a participar en la vida política, la exigencia de transparencia en la gestión de los asuntos públicos y el acceso a la información pública como ejercicio de informarse y expresar libremente pensamientos e inclinaciones. La Finjus destaca que la reforma constitucional de 2010 inició la formación de un Estado Social y Democrático de Derecho, que coloca al ciudadano en el centro de las decisiones y protege su integridad. La libertad de información es fundamental para la democracia y su ausencia amenaza la pluralidad de información y la expresión libre de los individuos.
El derecho de información tiene una alta connotación pública y debe estar sujeto a ciertos parámetros, ya que las informaciones privadas están restringidas por naturaleza. El acceso a la información deberá ejercerse de manera libre, siempre y cuando no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la moral, la intimidad de terceros o la reputación de otras personas. La Ley 200-04 defiende el derecho de acceso a la información y a los expedientes administrativos de manera amplia, limitado únicamente por lo establecido en la ley.
Servio Tulio Castaños Guzmán explicó que el derecho de acceso a la información pública surge como resultado de siglos de lucha contra formas absolutistas de gobierno y representa la evolución hacia sistemas democráticos basados en derechos. El surgimiento de este derecho está ligado a las reformas institucionales que buscan fortalecer los sistemas democráticos en diversos países. A partir de los años ochenta, con la tercera ola de democratización, se debatió sobre la rendición de cuentas y el fortalecimiento del acceso a la información pública.
Los antecedentes del derecho de acceso a la información están presentes en diferentes normas internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos documentos establecen el derecho a buscar y acceder a la información como una norma internacional, con mecanismos operativos que protegen el acceso seguro a información que moldea el pensamiento y difunde opiniones. La libertad de expresión e información son fundamentales para la democracia y la participación ciudadana activa en la política.
