La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, suspendió el desmonte de una tarima en la Plaza de la Bandera donde se tenía prevista una protesta por la invasión masiva de haitianos ilegales en el país. Raful mencionó que los miembros de la Policía Nacional estaban cumpliendo con su deber al desmontar la tarima, ya que esta no contaba con los permisos necesarios del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Sin embargo, decidió suspender la acción para preservar la paz de los manifestantes que ya se encontraban en el lugar.
Posteriormente, la ministra explicó a través de sus redes sociales que, en el caso de la Plaza de la Bandera, se debe solicitar una autorización a las Fuerzas Armadas para montar una tarima en ese lugar. Antes de esta decisión, varias personas denunciaron en redes sociales que la Policía Nacional estaba desmontando la tarima por instrucciones del Ministerio de Interior y Policía, lo cual consideraron un atentado contra las manifestaciones patrióticas. Se comparó la situación con protestas de haitianos que no fueron detenidas, generando críticas hacia la actuación de las autoridades dominicanas.
El comunicado emitido por Interior y Policía anteriormente mencionaba la "no objeción otorgada" al grupo "Antigua Orden Dominicana" para la realización de una caminata en la vía pública por un período de dos horas. Se destacó que el ministerio no prohíbe el derecho a la protesta de ningún ciudadano dominicano, en concordancia con lo establecido en la Constitución. Esta concesión de no objeción por dos horas es una política estándar del Ministerio para garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos durante las manifestaciones.
La suspensión del desmonte de la tarima en la Plaza de la Bandera por parte de la ministra Raful fue vista como una medida para preservar la paz durante la protesta planificada, a pesar de las críticas y denuncias previas en redes sociales. Se evidenció una preocupación por el respeto a los derechos de los ciudadanos a manifestarse, resaltando la importancia de seguir los procedimientos legales para la realización de este tipo de actividades públicas. La comparación con otras protestas y la reacción en redes sociales reflejaron la sensibilidad y el debate en torno a las acciones de las autoridades ante las manifestaciones.
La situación en la Plaza de la Bandera destacó la complejidad de garantizar el derecho a la protesta y la seguridad de los manifestantes en un contexto de tensiones políticas y sociales. La intervención de la ministra Raful para suspender el desmonte de la tarima evidenció la sensibilidad hacia la necesidad de preservar la paz durante las manifestaciones, respetando al mismo tiempo los procedimientos legales para la realización de este tipo de actividades en espacios públicos. Las críticas y denuncias previas en redes sociales generaron un debate sobre la protección de la democracia y el respeto a los derechos ciudadanos en el país.
