Decenas de familias residentes en ocho comunidades de Comedero Arriba, Cotuí, se encuentran en peligro de ser desalojadas por una familia. Estas familias afirman que han vivido en estos terrenos durante más de 70 años. Los residentes afectados se encuentran en las comunidades Los Pinos, La Salsa, Blanco, Yujo, La Romana, El Can, el Hoyo y Los capaces. El sacerdote misionero Fidel Néstor Mecongo ha denunciado que la población tiene miedo de asociarse para reclamar sus derechos de ocupación de los terrenos, ya que afirman que han vivido allí durante cinco generaciones a lo largo de más de 70 años.
Daniel Cruz Ayala, uno de los voceros comunitarios, ha denunciado que el estado de zozobra es constante y que aquellos que afirman tener los títulos de propiedad no respetan ni siquiera el hecho de que el caso está en el Tribunal de Tierra de Cotuí. Ramona Petitón ha pedido la intervención del presidente Luis Abinader y del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, para mediar en busca de un entendimiento que pueda llevar paz a estas familias. Quintino Ramírez es uno de los afectados más directos, ya que además de enfrentar la amenaza de desalojo, hace dos años recibió un disparo por parte de uno de los miembros de la familia que reclama la tierra y aún no ha recibido justicia.
Los afectados han dejado claro que no abandonarán sus terrenos, ya que allí se encuentran sus hogares, las escuelas de sus hijos, y donde sustentan a sus familias a través de un proyecto agroforestal adscrito al Plan Quisqueya Verde, auspiciado por el Gobierno. La comunidad se encuentra en un estado constante de tensión debido a las amenazas de desalojo, y las familias afectadas están unidas en su determinación de no abandonar sus hogares. La situación ha llamado la atención de las autoridades locales y de la prensa, generando un debate sobre el derecho a la propiedad de la tierra y la protección de los derechos de las familias afectadas en Comedero Arriba, Cotuí.
La situación en estas comunidades de Comedero Arriba, Cotuí, ha generado preocupación en la población local y en las autoridades debido a las amenazas de desalojo que enfrentan las familias residentes en estos terrenos desde hace más de 70 años. El miedo y la incertidumbre han llevado a los residentes a abstenerse de reclamar sus derechos por temor a represalias. La intervención de líderes comunitarios y religiosos, así como las solicitudes de mediación a autoridades gubernamentales, reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de encontrar una solución pacífica que respete los derechos de las familias afectadas.
Las denuncias de amenazas de desalojo y de agresiones físicas por parte de la familia que reclama los terrenos han generado una atmósfera de tensión y violencia en las comunidades afectadas. La petición de intervención de las autoridades y la exigencia de justicia para Quintino Ramírez, quien fue víctima de un disparo, resaltan la urgencia de abordar esta situación de manera efectiva y garantizar la seguridad y protección de las familias afectadas. La resistencia de los residentes a abandonar sus hogares y su determinación de defender sus derechos reflejan la importancia de proteger los derechos de propiedad y seguridad de las comunidades en Comedero Arriba, Cotuí.
La respuesta de la comunidad, con la solicitud de mediación a las autoridades y la resistencia a abandonar sus hogares, evidencia la importancia de proteger los derechos de las familias y comunidades vulnerables frente a amenazas de desalojo injustas. La solidaridad y unión de los residentes afectados en la defensa de sus derechos frente a la posibilidad de perder sus hogares y medios de vida refuerzan la necesidad de una intervención efectiva para encontrar una solución justa y pacífica para esta situación en Comedero Arriba, Cotuí. Las demandas de justicia y protección de los derechos de las familias afectadas resaltan la importancia de garantizar la seguridad y estabilidad de todas las comunidades frente a amenazas de desalojo y violencia.
