El Poder Ejecutivo tiene previstas modificaciones en relación al Ministerio Público que generan incertidumbre en el sistema judicial dominicano. Existen puntos grises que preocupan a los actores del sistema, como por ejemplo, la falta de definición sobre cuándo entraría en vigencia la nueva forma de designación del Procurador General. También preocupa la idea de excluir al Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución, lo cual algunos fiscales interpretan como un atentado a la independencia del órgano persecutor. A pesar de esto, el Ejecutivo ha afirmado que no ha planteado dicha exclusión.
En el borrador de la reforma constitucional se establece que el Procurador General de la República será designado para cada período constitucional, con carácter de inamovilidad durante el mismo, salvo por aplicación de juicio político. Sin embargo, la propuesta no indica a partir de cuándo iniciaría dicho período, lo cual genera dudas sobre si los efectos se materializarán durante la gestión del presidente Luis Abinader a partir del próximo 16 de agosto. Ante esta situación, el mandatario ha manifestado que pedirá a la procuradora que se quede un tiempo más en sus funciones hasta que se apruebe la reforma.
El abogado Cándido Simón ha señalado imprecisiones en el borrador de la reforma constitucional que considera necesario corregir. Se debe especificar un plazo para iniciar con la nueva forma de elección del procurador, así como indicar que el presidente no vote en dicha elección, sino que presente una terna que será escogida mediante concurso de oposición. Además, se debe definir un plazo máximo para la elaboración, adecuación y aprobación de las leyes requeridas en virtud de la reforma constitucional.
En cuanto a la exclusión del Consejo Superior del Ministerio Público, la propuesta del Ejecutivo busca modificar el artículo de la Constitución que define este órgano como el encargado del gobierno interno del Ministerio Público. Los fiscales consideran que esta exclusión sería un retroceso para la independencia y autonomía del Ministerio Público. Sin embargo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ha aclarado que no se pretende eliminar el Consejo, sino que se busca facilitar su modificación en el futuro sin necesidad de modificar la Constitución.
En resumen, los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo en relación al Ministerio Público en República Dominicana han generado preocupación en el sistema judicial. La falta de definición sobre la entrada en vigor de la nueva forma de designación del Procurador General, así como la exclusión del Consejo Superior del Ministerio Público de la Constitución, son puntos que han generado debate y han llevado a algunos fiscales a manifestarse en contra de estas medidas. Es necesario clarificar estos aspectos y realizar las modificaciones pertinentes para garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público en el país.
