El Ministerio Público también acusó a las otras cinco personas mencionadas anteriormente de ser cómplices en el fraude financiero, ya que, según la acusación, participaron en la captación de fondos de manera ilegal y fraudulentas para su propio beneficio. Además, se presentaron pruebas de los movimientos de cuentas bancarias, contratos de depósito con los clientes y quejas de los afectados, entre otras evidencias para respaldar la acusación.
Se detalla que Jairo González utilizó su empresa Harvest Trading Cap para captar fondos en dólares de sus clientes en la República Dominicana, con la promesa de invertirlos en diferentes mercados de capitales, bolsas de valores y criptomonedas a través de brokers de internet. Sin embargo, según la acusación, en realidad González estafó a un grupo de personas con una cantidad específica de dinero, equivalente a unos 53 millones de pesos dominicanos.
La audiencia continuará el 5 de agosto, donde se espera que el tribunal tome una decisión sobre si los imputados deben ir a juicio de fondo o no. En caso de ser enviados a juicio, se espera que se presenten más pruebas y testimonios para respaldar la acusación del Ministerio Público. Se ha generado gran interés en este caso debido a la magnitud del fraude financiero y la cantidad de inversionistas estafados, lo que ha causado un gran impacto en la sociedad dominicana.
Es importante destacar que este caso ha puesto en evidencia la importancia de regular y supervisar de manera más eficiente las operaciones financieras en la República Dominicana, con el fin de prevenir futuros casos de fraude financiero que puedan afectar a los ciudadanos y a la economía del país. Se espera que las autoridades tomen medidas para fortalecer los controles y la transparencia en el sector financiero, con el objetivo de proteger los intereses de los inversionistas y evitar situaciones similares en el futuro.
En resumen, el juicio preliminar a los imputados por el fraude financiero en la República Dominicana ha revelado un entramado de captación ilegal de fondos a través de criptomonedas y falsas colocaciones de dinero en bolsas de valores, que ha afectado a 439 inversionistas con un promedio de 150 millones de dólares. El Ministerio Público ha presentado pruebas contundentes en contra de los acusados y se espera que la audiencia continúe con más evidencias para respaldar la acusación. Este caso ha generado gran interés en la sociedad dominicana y ha resaltado la importancia de regular y supervisar de manera más eficiente las operaciones financieras en el país para prevenir futuros casos de fraude financiero.
