Durante la gestión de la exministra de Educación Josefina Pimentel, se rechazaron y no se pagaron útiles escolares de mala calidad que fueron contratados mediante licitación pública nacional, incluyendo zapatos, mochilas y otros productos. Pimentel asegura que no se hizo recepción satisfactoria de estos materiales durante su mandato en el 2012-2013 y defendió su gestión al afirmar que no se aceptaron los productos que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.
En una reunión celebrada en marzo de 2013 con representantes del Ministerio de Educación, la Dirección de Bienestar Estudiantil y empresas proveedoras de zapatos y mochilas, se informó que los materiales recibidos provisionalmente en el almacén solo se convertirían en definitivos después de una evaluación técnica positiva. Pimentel detalló que en esa reunión se indicó a las empresas que los zapatos no cumplían con los requisitos del contrato, y que el objetivo era que el Ministerio recibiera lo que compró conforme a lo establecido en la licitación.
La exministra Pimentel explicó que el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IBII) fue encargado de realizar una evaluación técnica externa de los productos para determinar si cumplían con los requisitos del contrato. Tras revisar los pagos y deudas del Ministerio de Educación durante los meses de junio y julio de 2013, no se encontraron registros de los pagos a las empresas adjudicatarias, lo que indica que los materiales no fueron pagados ni aceptados durante su gestión.
Pimentel enfatizó que el Minerd no aceptó los útiles escolares defectuosos en 2013, ya que el proceso de recepción era provisional y estaba sujeto a la aprobación de las muestras según las especificaciones de la licitación. La exministra instó a las autoridades actuales del Ministerio de Educación y del INABIE a reconocer que los útiles escolares defectuosos no fueron aceptados durante su gestión, y pidió que se maneje la información con transparencia y veracidad para evitar manipulaciones de los hechos y proteger la integridad de los procedimientos administrativos y el uso adecuado de los recursos públicos.
