El ex presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue condenado a 45 años de prisión y cinco años de libertad condicional por un tribunal en Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico y el uso de armas. Esta condena evita la cadena perpetua que solicitaba la fiscalía y además incluye una multa de 8 millones de dólares. El juez también deberá decidir en 120 días en qué cárcel cumplirá su sentencia Hernández, actualmente en la cárcel de Brooklyn.

El juez Kevin Castel le dijo a Hernández que era un "hombre de dos caras", ya que por un lado aseguraba estar comprometido contra el narcotráfico y por otro facilitaba la exportación de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, con un valor de 10 millones de dólares. La sentencia de 45 años podría llevar al ex presidente a cumplir 100 años en prisión si se cumple íntegramente, enviando un mensaje a otros involucrados en este tipo de actividades.

Hernández, de 55 años, escuchó la sentencia sin mostrar muchas emociones, quizás esperando una condena mayor. A pesar de su estado físico avejentado, con cabello y barba canosos, y un bastón, mantuvo la compostura durante la lectura de la sentencia. Solo utilizó su turno de palabra para preguntar si podía mantener a su abogado actual, Renato Stabile, durante el proceso de apelación, lo cual fue permitido por el juez.

Tras la condena, no se observaron celebraciones por parte de los hondureños que se encontraban afuera del tribunal, sugiriendo que quizás esperaban una sentencia más severa. El juez Castel dejó en claro que esta condena era un mensaje para aquellos "educados y bien vestidos" que creen que pueden evadir la justicia. La importancia de esta sentencia radica en la implicación de Hernández en actividades de narcotráfico y su doble discurso frente a la lucha contra este flagelo en Honduras.

Esta es una situación que impacta tanto a nivel nacional en Honduras como internacional, ya que representa un duro golpe a la corrupción y al narcotráfico en la región. La figura de Hernández, quien fue presidente durante ocho años, es un símbolo de la lucha contra la impunidad y la corrupción en un país donde estas prácticas han sido endémicas. La condena del ex mandatario marca un parteaguas en la historia del país centroamericano y envía un mensaje claro sobre la necesidad de rendición de cuentas y justicia ante estos delitos.

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