Según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las prácticas de derechos humanos en la República Dominicana en 2023, se informó que 75 personas fueron asesinadas de forma "arbitraria o ilegítima" entre enero y septiembre del año pasado por organismos de seguridad del país. Se señala que algunos de estos casos pueden clasificarse como "abuso por parte de la policía" y que muchos no fueron denunciados debido a la falta de confianza del público en el gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía. El gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.
Hubo informes de que la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad del gobierno cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos durante el año, según el informe del Departamento de Estado. En total, se reportaron 75 personas asesinadas entre enero y septiembre, con algunos casos procesados como abusos por parte de la policía. Además, se menciona el caso de Dieumil Charles, quien fue asesinado por la policía después de intentar extorsionarlo durante una parada de tráfico. También se informó de "muertes inexplicables" durante operaciones de detención y deportación de migrantes, como el caso de un tiroteo cerca de Cap Cana que resultó en la muerte de una persona y lesiones a otros.
En cuanto a las torturas y tratos cruels, inhumanos o degradantes, se menciona que miembros de la Dirección General de Migración y otras fuerzas de seguridad sometieron a personas, principalmente de ascendencia haitiana, a tratos degradantes y abuso físico. Organizaciones internacionales y locales expresaron preocupación por los duros tratos en centros de detención en Haina y Santiago, incluyendo detenciones arbitrarias, abuso físico, robos de identidad y pertenencias, extorsión, violencia sexual y deportaciones ilegales. Se denunciaron allanamientos de salas de maternidad donde detuvieron a mujeres embarazadas, posparto y lactantes que no pudieron demostrar su estatus de residencia.
El informe también destaca la impunidad dentro de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional y la DGM. Se menciona que estas fuerzas comenzaron a hacer guardia en hospitales para intimidar o negar la entrada a personas de ascendencia haitiana que no pudieran demostrar su estatus de residencia, lo que resultó en la muerte de mujeres embarazadas o abortos espontáneos bajo custodia debido a abusos físicos o falta de atención médica. La falta de medidas creíbles para identificar y castigar a los responsables de abusos contra los derechos humanos continúa siendo un problema en el país, según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
