Durante su encuentro semanal con la prensa de ayer, el presidente Luis Abinader se mostró a favor de limitar las exoneraciones de vehículos para los legisladores, un privilegio que han disfrutado durante 58 años y que ha sido criticado por su venta a terceros. A pesar de que han surgido propuestas en el Congreso Nacional para recortar estas exoneraciones, ninguna ha tenido éxito hasta el momento, siendo la más reciente el proyecto que se retiró de la reforma fiscal. Abinader expresó su deseo de que los legisladores limiten sus exoneraciones a un vehículo y un monto específico.
La apertura de la ley actual ha permitido la importación de vehículos de lujo y deportivos a nombre de los legisladores, quienes luego venden este beneficio a particulares y distribuidores. Entre 2020 y julio de 2024, se importaron al país 499 vehículos bajo este privilegio, más de 170 de ellos de marcas como Ferrari, Lamborghini, Porsche y Rolls-Royce. Esto representó una pérdida fiscal de 2,140 millones de pesos. Esta práctica ha sido calificada como ilegal y se considera una forma de evasión fiscal.
El abogado Cirilo Guzmán, que en el pasado se benefició de exoneraciones de vehículos, sostiene que la reventa de estos derechos no viola la normativa vigente. Según él, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia permite a los legisladores vender sus vehículos mediante un contrato de venta registrado, dándole legalidad a la transacción. Guzmán argumenta que la normativa actual permite a los legisladores obtener hasta dos exoneraciones y que la prohibición de transferir los vehículos solo aplica en los primeros cinco años de adquisición.
Por otro lado, el abogado Manuel Mendoza, experto en asuntos penales, destaca la debilidad de las leyes para imponer consecuencias por la venta de exoneraciones y la dificultad de culpar a un legislador por este delito, ya que la práctica no está penada explícitamente en la ley. Propone que las autoridades ligadas a materias impositivas asuman las consecuencias de esta situación. Mendoza considera necesario tomar medidas para frenar esta práctica que califica como desleal, especialmente porque la reventa de exoneraciones puede configurarse como lavado de activos.
En conclusión, la discusión en torno a las exoneraciones de vehículos para legisladores ha generado opiniones encontradas en la sociedad dominicana. Mientras el presidente Abinader aboga por limitar estas exoneraciones, algunos abogados argumentan que la ley actual permite a los congresistas aprovechar este beneficio sin consecuencias legales. Se destaca la necesidad de fortalecer las leyes y las acciones de las autoridades para prevenir la evasión fiscal y garantizar la transparencia en el uso de estos privilegios por parte de los legisladores.
