La Cámara de Diputados en la República Dominicana muestra una diversidad en el patrimonio de sus legisladores, en comparación con el Senado, donde hay varios con importantes fortunas. Según las más recientes declaraciones juradas de patrimonio publicadas por la Cámara de Cuentas, hay diputados con más de 100 millones de pesos, así como otros con montos menores, e incluso algunos con un saldo negativo. Entre ellos se destaca el diputado peledeísta Juan Carlos Echavarría Milané, con activos por 430.4 millones de pesos, principalmente en empresas de juegos de azar.
En cuanto a patrimonio en inmuebles, destacan casos como el del diputado Nicolás Hidalgo Almánzar, con el 96% de sus activos correspondientes a inmuebles, y Jorge Hugo Cavoli, con el 82% de sus activos en esta categoría. A pesar de que generalmente son los hombres los que encabezan la lista de funcionarios con mayor patrimonio, en la Cámara de Diputados también se destacan mujeres como Eduviges María Bautista Gomera, con un patrimonio de 137.3 millones de pesos, y Dellys Dumidia Féliz Rodríguez, con activos principalmente en inmuebles.
Por otro lado, también se han publicado declaraciones juradas de diputados con patrimonio en negativo, como el caso de Carlos Sánchez Quezada, con un saldo de -22 millones de pesos, y Rogelio Alfonso Genao Lanza, con -3 millones de pesos. Declarar los bienes de los funcionarios es un mandato constitucional en la República Dominicana, con el objetivo de condenar la corrupción en el Estado y transparentar la gestión de la administración. Sin embargo, se han planteado debates sobre la divulgación pública de estas declaraciones y su impacto en la seguridad personal de los declarantes.
A pesar de la importancia de las declaraciones juradas, la Cámara de Cuentas aún no ha informado oficialmente cuántos funcionarios presentaron o no sus declaraciones en este periodo. Estas declaraciones son publicadas en la página web de la institución como parte de un ejercicio de transparencia pública, conforme a lo establecido en la ley que instituye el Sistema Nacional de Declaraciones Juradas de Patrimonio. Aunque existen diferencias en el patrimonio de los diputados dominicanos, la obligación de rendir cuentas sigue siendo un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción y la transparencia gubernamental.
