En la provincia de Sánchez Ramírez, un empleado de la fiscalía de Cotuí, Enmanuel Antonio Suárez Álvarez, fue arrestado y acusado de sustraer US$1,200 dólares y RD$53,950 pesos en efectivo que estaban bajo custodia del Ministerio Público. La fiscal titular de la jurisdicción, Juana María Hernández Tavárez, presentó una solicitud de medida de coerción de prisión preventiva contra él por falsificación, robo y fraude al sustraer evidencias de un caso judicial.
La investigación se inició cuando un imputado absuelto de una acusación solicitó la devolución del dinero que le habían retenido el día de su arresto. La institución bancaria donde se suponía se habían depositado los fondos manifestó que no recibieron el dinero, y además informaron que los recibos de la transacción eran falsificados. El imputado, responsable de hacer el depósito, explicó que dejó a una persona de confianza para realizar la transacción mientras resolvía una situación en el banco.
Tras remitir el expediente a la Procuraduría General de la República, se descubrió que el dinero no había sido depositado en la cuenta correspondiente. Durante los interrogatorios, el imputado reveló que exigió a su amigo de confianza la devolución del dinero, y este procedió a entregárselo al propietario. Hasta el momento, no se ha informado si el amigo del imputado también será incluido en las medidas de coerción. La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.
Este caso ha generado controversia en la provincia, ya que se trata de un empleado de la fiscalía acusado de cometer delitos dentro de una institución encargada de velar por el cumplimiento de la ley. La fiscalía ha tomado medidas para garantizar que se aclaren los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes en caso de comprobarse la culpabilidad del acusado. La confianza del público en las instituciones encargadas de administrar justicia se ve afectada cuando se detectan casos de corrupción como este.
Es importante destacar la labor de la fiscalía y las autoridades judiciales en la investigación de estos casos, que buscan garantizar la transparencia y la integridad en el sistema de justicia. La cooperación de la institución bancaria y la Procuraduría General de la República ha sido fundamental para esclarecer los hechos y llevar a cabo un proceso legal justo y equitativo. Se espera que este caso sirva como ejemplo de la importancia de la honestidad y la ética en el ejercicio de las funciones públicas, y que se tomen las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de situaciones similares en el futuro.
