En Santo Domingo, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha reservado el fallo del juicio contra el exregidor Erickson de los Santos y otros acusados por su presunta participación en una banda responsable de varios asesinatos de dirigentes del transporte en 2015. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 30 años de prisión para de los Santos, así como para el exraso de la Policía Amauris Cabrera Martínez y Danilo Octavio Reynoso Recio. También se pide una pena de 15 años para Cristino Batista Roa, alias "El Mayor", acusado de intento de homicidio. Arsenio Quevedo, expresidente de la UNATRAFIN, principal imputado en el caso, será juzgado por separado debido a complicaciones de salud.
La fiscal Catalina Bueno, representante del Ministerio Público, ha explicado que durante la audiencia se logró incorporar pruebas documentales, materiales y periciales que muestran a los acusados en la escena del crimen. Espera que el análisis de estas pruebas se realice de acuerdo con la normativa para obtener un resultado diferente en el proceso judicial. Los imputados, Arsenio Quevedo, Erickson de los Santos, Cristino Batista Roa, Amaurys Cabrera y Danilo Octavio Reynoso Recio, son acusados de pertenecer a una red de sicariato responsable de la muerte de varios transportistas en hechos ocurridos en enero de 2015.
La acusación establece que los directivos de la UNATRAFIN habrían estado involucrados en prácticas criminales desde finales de 2008, llevando a cabo asesinatos de transportistas debido a diferencias o conflictos en las rutas del transporte público. La investigación ha logrado recopilar pruebas significativas que apuntan a la responsabilidad de los acusados en estos delitos. El caso ha generado gran interés en la opinión pública debido a la gravedad de los hechos y la presunta implicación de autoridades y personas influyentes en la violencia que afecta al sector del transporte en la República Dominicana.
El juicio ha sido seguido de cerca por la sociedad dominicana, que espera que se haga justicia y se condene a los responsables de estos crímenes. La solicitud de penas severas por parte del Ministerio Público refleja la gravedad de los delitos imputados a los acusados. Los familiares de las víctimas también han estado presentes en las audiencias, buscando respuestas y esperando que se haga justicia por el asesinato de sus seres queridos. La complejidad del caso y la cantidad de pruebas presentadas hacen que este sea un juicio de gran importancia para el sistema judicial de la República Dominicana.
La espera del fallo por parte del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional mantiene en vilo a los implicados y a la opinión pública. La decisión final sobre la culpabilidad de los acusados y las penas que les sean impuestas marcará un precedente en la lucha contra la violencia en el sector del transporte en el país. Se espera que el proceso judicial se lleve a cabo de manera transparente y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. El veredicto que emita el tribunal será crucial para la percepción de la justicia en la sociedad dominicana y para el esclarecimiento de estos crímenes que han conmocionado al país.
