El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional revocó el arresto domiciliario al general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Juan Camilo de los Santos Viola, y al coronel Rafael Núñez de Aza, implicados en el caso Coral y Coral 5G. La magistrada Gisell Pérez Méndez tomó la decisión durante una solicitud de revisión de la medida de coerción, levantando también el arresto domiciliario al cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora Rossy Guzmán. La defensa de los implicados había solicitado esta modificación.
En el caso de Juan Camilo de los Santos Viola, se mantuvo el impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de un millón de pesos, con la colocación de un brazalete electrónico en todo el territorio nacional. En cuanto a Rafael Núñez de Aza, se mantuvo el impedimento de salida del país, el pago de una garantía económica de 100 millones de pesos y el uso de un brazalete electrónico en todo el territorio nacional. Para Tanner Antonio Flete Guzmán, se le quitó el brazalete electrónico, pero se le mantuvo el impedimento de salida del país y se le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos bajo modalidad de contrato.
Durante la audiencia, la defensa de los Santos Viola solicitó la variación de la medida de coerción para que se elimine el arresto domiciliario y se coloque un grillete electrónico, manteniendo el impedimento de salida del país sin previa autorización. Por su parte, la defensa de Flete Guzmán destacó que desde mayo de 2021 se le impuso prisión preventiva y desde diciembre de 2022 se le colocó el grillete, situación que ha afectado su capacidad para mantener a su familia al dejar de percibir su salario de cabo.
La jueza Gisell Pérez Méndez acogió el pedido de la defensa de los implicados en el caso Coral y Coral 5G, revocando el arresto domiciliario al general de la FARD, Juan Camilo de los Santos Viola, al coronel Rafael Núñez de Aza y al cabo Tanner Antonio Flete Guzmán. A pesar de ello, se mantienen ciertas restricciones como el impedimento de salida del país y el pago de garantías económicas, así como la colocación de un brazalete electrónico para monitorear su ubicación en el territorio nacional.
En resumen, el tribunal decidió levantar el arresto domiciliario de los implicados en el caso, pero mantener otras medidas como la prohibición de salir del país, el pago de garantías económicas y la colocación de brazalete electrónico. Las defensas de los acusados solicitaron estas modificaciones con el objetivo de facilitar la situación de sus representados, destacando la afectación económica que ha sufrido uno de los implicados debido a la prisión preventiva que le fue impuesta anteriormente.
