El tribunal consideró que existen suficientes elementos de prueba para llevar a juicio a Jean Alain Rodríguez por varios delitos en perjuicio del patrimonio público. Se le imputan diversos cargos, como asociación de malhechores, soborno, desfalco, estafa, entre otros, relacionados con los fondos asignados a la Procuraduría General de la República. El juez Martínez determinó que hay pruebas suficientes para procesar a Rodríguez y otros 14 imputados en el caso Medusa, excluyendo algunos cargos por falta de elementos constitutivos.
Además, se envía a juicio de fondo a otros acusados en el caso, como Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, entre otros, así como a varias empresas relacionadas con el caso. El juez mantuvo las medidas de coerción para varios de los acusados, como arresto domiciliario y localizadores electrónicos, debido a la falta de cambios en las circunstancias que justifiquen su levantamiento. Sin embargo, se emitió un auto de no ha lugar a favor de algunos acusados y empresas, debido a que no se consideró suficiente la evidencia presentada por el Ministerio Público.
Por otro lado, el tribunal aprobó acuerdos entre el Ministerio Público y 21 personas físicas y empresas presuntamente involucradas en el caso, quienes llegaron a acuerdos penales y civiles mediante un procedimiento abreviado. El proceso de la operación Medusa fue llevado a cabo por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que fijó la audiencia preliminar y llevó a cabo diversas audiencias para garantizar el derecho de defensa de las partes. A pesar del tiempo transcurrido, el tribunal actuó en conformidad al debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Finalmente, el tribunal cerró los debates y diferirá el fallo para evaluar los pedimentos de las defensas técnicas en cuanto a hecho y derecho. Esta decisión se tomó luego de haber examinado las pruebas presentadas y haber escuchado a todas las partes involucradas en el proceso. El juez resaltó la importancia de observar los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales y las leyes en todo momento, asegurando así el respeto a la presunción de inocencia de todos los ciudadanos implicados en el caso.
