La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana rechazó el recurso de casación presentado por el Ministerio Público contra la resolución de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ratificó el Auto de no ha lugar dictado a favor del empresario Jean Eduard Conille Darbouze y la señora María Cristina Echeverrí, absueltos de todos los cargos relacionados con el caso denominado “Malecón Center”. Según la Sentencia número SCI-SS-24-0308, el recurso de casación fue rechazado por carecer de sustento, al no verificarse los vicios invocados y apreciarse que la decisión recurrida es correcta en cuanto a la valoración de las pruebas practicadas, confirmando en todas sus partes la resolución a favor de los acusados.
El abogado defensor del caso “Malecón Center”, el jurista Manuel Alejandro Rodríguez, expuso las deficiencias de la acusación debido a los sesgos de la investigación y la imposibilidad racional de la tesis acusatoria en atención a las pruebas ofertadas y su correcta valoración, lo cual fue determinante para el descargo de los acusados, quienes se vieron envueltos en una accidental trama e investigación penal a raíz de un “suicidio inesperado” de una joven que sufría de depresión y visitaba a la familia Conille en aquel entonces.
Rodríguez mencionó que esta decisión de la SCJ no solo representa el principio del fin del viacrucis judicial que por más de seis años sufrieron sus clientes, sino que también destaca las falencias del régimen procesal penal vigente en cuanto al control del poder de acusar y perseguir penalmente a ciudadanos por decisión del Ministerio Público, lo que evidencia un claro caso de abuso procesal y persecución fiscal maliciosa. El abogado enfatizó la importancia de la implementación de mejores prácticas en defensa de los derechos fundamentales y la efectividad de sus garantías.
Por su parte, Conille afirmó que las acusaciones en su contra y contra Echeverrí por trata y lavado de dinero fueron resultado de una “persecución personal orquestada desde altos cargos de la Procuraduría General de la República de entonces, bajo la dirección de Jean Alain Rodríguez”. Por esta razón, reclama un desagravio público en reparación de su reputación, el nombre de su familia y por los daños sufridos durante los años de persecución. Previamente a esta situación, Conile había sido reconocido como “Empresario del Año” en 2017 y había recibido un reconocimiento del Heritage Foundation Group en Washington por su contribución al sector empresarial.
El abogado defensor del caso expresó que esta decisión judicial también pone en perspectiva las falencias del régimen vigente frente al control del poder de acusar y perseguir penalmente a ciudadanos, destacando la importancia de implementar mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales y la efectividad de las garantías. Conille, por su parte, busca un desagravio público tras haber sido acusado injustamente y haber sufrido durante años una persecución personal orquestada desde la Procuraduría General de la República de entonces.
En resumen, la decisión de la SCJ con respecto al caso “Malecón Center” representó el fin del proceso judicial de más de seis años que afectó a los acusados. Se destacó la importancia de la implementación de controles judiciales sobre la actividad del Ministerio Público para evitar abusos procesales y persecuciones maliciosas. Conille buscó un desagravio público luego de ser absuelto de los cargos de trata y lavado de dinero, destacando su contribución al sector empresarial antes de enfrentar esta compleja situación.
