El senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc, expresó su descontento ante sus colegas del Senado por la cantidad de leyes que se aprueban en el país pero que no se aplican, considerando que están perdiendo tiempo. Se refirió específicamente a la Ley 345-22 sobre Regiones Únicas de Planificación, cuyo plazo de ejecución de dos años ya ha vencido, y lamentó que su demarcación no haya recibido los beneficios esperados. Anunció que hará un reporte de las normativas aprobadas pero no cumplidas.
El senador busca que el Gobierno aplique la normativa en La Altagracia, una provincia que aporta al presupuesto nacional pero que históricamente ha recibido pocas inversiones. Presentó una resolución para instar al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo a cumplir con la ley, señalando que hasta el momento solo se han realizado acciones mínimas en ese sentido. Propuso que en el presupuesto del 2025 se tome en cuenta la normativa para garantizar su aplicación en la provincia.
Barón Duluc también criticó la manera en que se manejan las inversiones en las provincias, sugiriendo que dependen de la influencia de los ministros u otros funcionarios nativos de la demarcación. Considera que una vez que se aplique la ley, no será necesario "cabildear" o hacer lobby para que el Gobierno desarrolle proyectos en las provincias, ya que se garantizará una distribución equitativa de las obras y presupuestos. Su objetivo es lograr un desarrollo más equitativo y justo para La Altagracia.
El senador pide un mayor compromiso por parte del Gobierno para cumplir con las leyes aprobadas, especialmente aquellas que buscan garantizar el desarrollo y la equidad en todas las provincias del país. Considera que es fundamental que las normativas se apliquen de manera efectiva para lograr un verdadero impacto positivo en las comunidades. Su reporte de normativas no cumplidas busca poner en evidencia esta problemática y presionar para que se cumplan.
En conclusión, Rafael Barón Duluc se muestra preocupado por la falta de aplicación de las leyes aprobadas en el país, en particular la Ley 345-22 sobre Regiones Únicas de Planificación, y pide un mayor compromiso por parte del Gobierno para garantizar su cumplimiento. Su objetivo es lograr un desarrollo más equitativo y justo para La Altagracia, una provincia que considera ha sido tradicionalmente poco beneficiada con inversiones. Espera que su reporte de normativas no cumplidas genere conciencia sobre la importancia de aplicar las leyes para lograr un verdadero progreso en el país.
