El Senado dominicano aprobó en segunda lectura la Ley General de Contrataciones Públicas, la cual prohíbe al Presidente, Vicepresidente y sus familiares realizar contratos con el Estado. Esta nueva legislación detalla varios tipos de procedimientos de contratación pública, incluyendo licitaciones públicas, licitaciones abreviadas, contratación simplificada, obras por sorteo, subastas inversas y contratación menor sujeta a límites preestablecidos. Se destaca la licitación pública abreviada, introducida por la Vicepresidenta del Senado, Faride Raful, la cual permite un tiempo más corto para adquirir bienes y servicios comunes y estandarizados.
Los acuerdos resultantes del proceso de selección de proveedores, gestionado y ejecutado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), establecerán precios y condiciones de entrega para un período definido para bienes y servicios frecuentemente utilizados por las instituciones públicas. La ley busca fortalecer los principios del sistema de contratación pública, como la legalidad, inclusión, debido proceso, objetividad, imparcialidad, planificación, sostenibilidad, favorecimiento de la producción nacional y el desarrollo local. También pretende mejorar la autoridad regulatoria del órgano rector, ampliar las medidas de control para una máxima transparencia y aumentar el poder sancionador del Contralor General de la República, además de reformar su estructura interna.
La nueva ley de contrataciones públicas en República Dominicana busca prevenir conflictos de interés al prohibir a altos funcionarios del gobierno y sus familiares realizar contratos con el Estado. Se establecen diferentes procedimientos de contratación pública y se destaca la licitación pública abreviada como una forma de agilizar la obtención de bienes y servicios comunes y estandarizados. La DGCP será la encargada de gestionar y ejecutar el proceso de selección de proveedores, estableciendo precios y condiciones para períodos definidos.
Además de regular las contrataciones públicas, la ley busca fortalecer los principios del sistema, promoviendo la legalidad, inclusión, imparcialidad y planificación en los procesos de contratación. Se enfatiza la importancia de favorecer la producción nacional y el desarrollo local, así como de garantizar la transparencia en las medidas de control y la aplicación de sanciones por malas prácticas. La reforma también busca mejorar la estructura y autoridad regulatoria de la Contraloría General de la República.
Con la aprobación de la Ley General de Contrataciones Públicas en República Dominicana, se busca mejorar la transparencia y la eficiencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Se establecen diferentes modalidades de contratación, como licitaciones públicas, abreviadas y simplificadas, para adaptarse a las necesidades de las instituciones públicas. Asimismo, se refuerzan los principios de legalidad, imparcialidad y planificación en los procedimientos de contratación, con el objetivo de fomentar el desarrollo nacional y local y prevenir conflictos de interés. La DGCP jugará un papel clave en la gestión y ejecución de los procesos de selección de proveedores, garantizando precios y condiciones justas para bienes y servicios utilizados por el gobierno.
