El Senado de la República aprobó una modificación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, solicitada por el Poder Ejecutivo para fortalecer los derechos de los niños, adolescentes y personas vulnerables. La modificación fue declarada de urgencia y contó con una votación unánime de los 23 senadores presentes. Consiste en la adición de un nuevo artículo 3.1 que establece penas de 10 a 20 años de prisión y multas de 150 a 300 salarios mínimos del sector público para la trata de personas.
En el nuevo artículo 3.1 se especifica que si la infracción se comete en perjuicio de un niño, niña, adolescente, persona discapacitada o vulnerable, las penas aumentarán a 20 a 30 años de prisión y multas de 300 a 500 salarios mínimos del sector público. El proyecto ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados en junio pasado y ahora regresa al Palacio Nacional para ser promulgado por el presidente Luis Abinader. El Poder Ejecutivo busca fortalecer su compromiso constitucional y convencional de combatir la trata de personas, considerada una práctica denigrante e inhumana.
El artículo 3 de la Ley 137-03 define la trata de personas como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, niños, adolescentes, mujeres, utilizando la amenaza, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, entre otros. Las personas que cometan este delito serán condenadas a penas de 15 a 20 años de reclusión y multas de 175 salarios mínimos. Se incluyen prácticas como la explotación sexual, el trabajo forzado, la servidumbre por deudas, el matrimonio servil, la esclavitud y la extracción de órganos, incluso con el consentimiento de la víctima.
La modificación a la ley busca endurecer las penas para quienes cometan el delito de trata de personas, especialmente cuando afecta a niños, adolescentes y personas vulnerables. Con esta actualización, se busca incrementar la protección de los derechos de las víctimas y garantizar una respuesta más contundente por parte del sistema judicial. La lucha contra la trata de personas es un compromiso importante del Estado dominicano, en línea con sus obligaciones constitucionales y convencionales.
La aprobación de esta modificación a la Ley 137-03 es un paso importante en la lucha contra la trata de personas en la República Dominicana. Con estas nuevas disposiciones, se espera disuadir a quienes se dedican a esta actividad ilícita y garantizar una mayor protección a las víctimas. La inclusión de penas más severas para los responsables de la trata de personas, especialmente cuando afecta a grupos vulnerables, demuestra el compromiso del gobierno dominicano en combatir este delito y proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
