El Senado aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece condiciones para la gestión financiera del Estado, limitando la deuda del Gobierno General al 40 % del PIBN para el 2035. Se establece que el crecimiento del gasto primario no debe exceder la tasa de inflación anual proyectada en más de 3.0 puntos porcentuales. Una vez alcanzado el límite de deuda a medio plazo, el Ministerio de Hacienda ajustará anualmente la regla de crecimiento del gasto primario para mantener el equilibrio fiscal.
Tras la aprobación de la ley, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, destacó el compromiso del gobierno con las finanzas públicas, señalando la importancia de ajustarse a un límite razonable en el crecimiento del gasto público primario. El objetivo es cumplir con las funciones del Estado y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. En caso de aumentos permanentes en los ingresos fiscales, el Ministerio de Hacienda deberá ajustar la regla de crecimiento del gasto primario para mantener la consistencia financiera.
La ley permite al Poder Ejecutivo suspender las reglas y medidas previstas en casos excepcionales como desastres naturales, epidemias, guerras o calamidades, que resulten en un gasto superior al 0.3 % del PIBN. También establece infracciones y sanciones, clasificadas como graves y muy graves, en casos de incumplimiento de las reglas establecidas. Las sanciones van desde la suspensión del puesto público por un periodo de seis meses a dos años sin sueldo, hasta la destitución y la inhabilitación para prestar servicios al Estado por cinco años.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo pero sufrió varios retrasos en su aprobación en el Congreso. Fue reintroducido por Julito Fulcar, vocero del Partido Revolucionario Moderno, en la Cámara de Diputados. La ley fue destacada como un componente fundamental del proceso de reformas del sector público que se implementarán en los próximos años. En el marco de la ley se establecen límites para el crecimiento del gasto primario y la deuda pública, con el objetivo de promover una gestión financiera transparente y sostenible.
La ley de Responsabilidad Fiscal busca garantizar una gestión financiera transparente y sostenible del Estado, limitando la deuda del Gobierno General y el crecimiento del gasto público primario. Se establecen medidas para mantener el equilibrio fiscal y se contemplan ajustes en caso de incrementos en los ingresos fiscales. El Poder Ejecutivo podrá suspender las reglas y medidas previstas en situaciones excepcionales, como desastres naturales o epidemias, que impliquen un gasto extraordinario. Se establecen también sanciones para los casos de incumplimiento de las reglas establecidas en la ley, con medidas que van desde la suspensión del puesto público hasta la destitución y la inhabilitación para prestar servicios al Estado.
