El Senado de la República aprobó una enmienda significativa a la Ley General de Salud 42-01 el martes, respaldando el establecimiento de unidades de atención de salud mental y centros de rehabilitación psicosocial en provincias clave del país. La propuesta del Senador Franklin Peña para San Pedro de Macorís modifica varios artículos (4, 5, 6, 7 y 8) de la Ley 42-01, con el objetivo de establecer redes de atención comunitaria que incluyan viviendas, tutelas, hogares de transición, hospitales de día y servicios de seguimiento ambulatorio a través de Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC).
Según las regulaciones revisadas, resaltadas en el Artículo 18, la responsabilidad de establecer hospitales de salud mental y centros de rehabilitación psicosocial en provincias importantes recae en el Estado. El proyecto de ley ahora está programado para ser considerado por la Cámara de Diputados. El Artículo 36 enfatiza que el tratamiento de personas con enfermedades o trastornos mentales, así como aquellos con discapacidades mentales o intelectuales, debe cumplir con estándares de atención establecidos.
El párrafo 3 destaca la necesidad de proporcionar tratamiento basado en la mejor evidencia científica disponible y criterios de rentabilidad, enfocándose en mejorar la salud y el bienestar en general. Mientras tanto, el párrafo 6 asegura que la atención médica para condiciones mentales no puede llevar a discriminación en términos de cobertura de beneficios y tasas de aceptación para licencias médicas, en comparación con otras enfermedades. La iniciativa también afirma que el Estado está obligado a proporcionar atención de salud mental a individuos vulnerables, sin importar su estatus legal, sin discriminación basada en edad, nacionalidad, herencia, género o religión.
