La aprobación del proyecto de ley que modifica el Código Penal ha causado controversias y divisiones ideológicas entre legisladores, la sociedad civil y actores del Gobierno en la República Dominicana. Los debates se centran en varios puntos conflictivos, como la exclusión de la orientación sexual como causa de discriminación, la definición de violación sexual solo en caso de penetración, la creación de jurisdicciones militares, la penalización del aborto y la violencia como método de disciplina infantil.
El liderazgo del Congreso defiende la rapidez con la que se ha votado la pieza legislativa, argumentando que es necesario contar con una legislación moderna que responda a los cambios en la sociedad dominicana. Sin embargo, las opiniones en el ámbito congresual están divididas por corrientes políticas, con algunos legisladores abogando por la aprobación del proyecto y otros oponiéndose por considerar que vulnera derechos fundamentales.
Los sectores liberales critican el proyecto por su falta de inclusión de la orientación sexual como causa de discriminación, la limitada definición de violación sexual, la creación de jurisdicciones militares, la penalización del aborto y la aceptación de la violencia como método de disciplina infantil. Estas cuestiones han generado un intenso debate en la sociedad civil y entre los actores políticos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha defendido la rápida aprobación del proyecto del Código Penal, argumentando que la normativa judicial actual es obsoleta y necesita actualizarse para adaptarse a los cambios sociales en República Dominicana. Sin embargo, ha asegurado que revisará cualquier cambio que se realice en la Cámara de Diputados para garantizar que la pieza sea enviada al Poder Ejecutivo antes del 25 de julio.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha expresado que el proyecto debe llevarse sin prisa, a pesar de haber sido aprobado en primera lectura sin un estudio previo. Se plantea la conformación de una comisión especial de diputados que revisará el proyecto antes de su aprobación final, en un proceso que incluirá la consulta pública y posibles modificaciones antes del final de la actual legislatura el 25 de julio y la pausa hasta la toma de posesión de los nuevos legisladores el 16 de agosto.
En respuesta a las críticas de sectores feministas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, el presidente de la Cámara de Diputados ha destacado que todas las opiniones son válidas. Algunas organizaciones han sugerido reconsiderar aspectos del proyecto, como revisar las causales de interrupción del embarazo, definir con mayor precisión la tipificación de la violación y la agresión sexual, y revisar el artículo sobre discriminación para promover la igualdad y el respeto a los derechos humanos y fundamentales.
