Luis Abinader presentó un anteproyecto de reforma constitucional para lograr la independencia del Ministerio Público, proponiendo que el procurador general sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura y no haya tenido activismo político notorio. Se establece que el presidente de la República propondrá al procurador general, pero su designación dependerá del CNM. Además, se plantea modificar los requisitos para ocupar este cargo, incluyendo la prohibición de haber ocupado un cargo electivo en algún partido político, haber sido candidato a algún cargo de elección popular y no haber realizado proselitismo político en los últimos cinco años.

La propuesta de reforma también sugiere que el procurador general sea inamovible durante cada período presidencial y solo pueda ser destituido por juicio político en caso de cometer faltas graves. Se plantea excluir al Ministerio Público de la formulación de la política preventiva del Estado contra la criminalidad, dejando esta responsabilidad en manos del Poder Ejecutivo. A su vez, se elimina la participación del procurador en el CNM, que estará conformado por el presidente de la República, un senador de un partido diferente al presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado opositor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado de la SCJ como secretario.

Los cambios propuestos buscan garantizar la independencia del Ministerio Público y evitar cualquier influencia política en su actuación. Se establecen requisitos más estrictos para ocupar el cargo de procurador general, con la intención de seleccionar a un profesional con una trayectoria intachable y alejado del ámbito político. Además, se busca asegurar la estabilidad del procurador general durante cada período presidencial y limitar las posibilidades de destitución a través de un juicio político en caso de faltas graves.

Esta reforma constitucional planteada por Abinader forma parte de los esfuerzos del gobierno por fortalecer las instituciones del Estado y garantizar su independencia y funcionamiento eficaz. La propuesta busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el Ministerio Público, así como fortalecer su rol en la lucha contra la criminalidad y la corrupción. Se pretende asegurar que el procurador general sea seleccionado de manera objetiva y profesional, sin influencias partidistas o políticas, para garantizar su imparcialidad y eficacia en el ejercicio de sus funciones.

La reforma constitucional presentada por Luis Abinader plantea cambios significativos en la designación y funciones del procurador general, con el objetivo de fortalecer la independencia del Ministerio Público y evitar cualquier influencia política en su actuación. Se establecen requisitos más estrictos para ocupar el cargo, se limita la posibilidad de destitución solo por juicio político, se excluye al Ministerio Público de la formulación de la política preventiva contra la criminalidad y se elimina la participación del procurador en el CNM. Estos cambios buscan garantizar la imparcialidad, transparencia y eficacia del Ministerio Público en su labor de persecución del delito y defensa del interés público.

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