El 27 de septiembre, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025 ante el Congreso Nacional, con un monto total de más de un billón de pesos. Este presupuesto busca reestructurar y racionalizar la administración pública para mejorar la eficiencia del gasto estatal. Se estima que los ingresos ascenderán a un billón de pesos, representando un 15.3% del PIB, apoyado por esfuerzos administrativos y un entorno macroeconómico favorable. El gasto previsto, equivalente al 18.3% del PIB, se enfoca en áreas como salud, educación, empleo, asistencia social, transporte y seguridad, priorizando el desarrollo inclusivo y sostenible.
El presupuesto destinará el 4.10% del PIB a la reestructuración del sistema educativo, centrado en coordinar los distintos niveles de enseñanza para eliminar la fragmentación actual. Se busca eficientizar el uso de los recursos, reducir el gasto corriente derivado de la duplicidad de funciones y garantizar una inversión adecuada en el capital educativo. Además, se proyecta un resultado fiscal positivo y aplicaciones financieras por 350,990.4 millones de pesos, lo que representa un 4.3% del PIB. Estas cifras son inferiores a años anteriores, reflejando un enfoque en la eficiencia y la optimización del gasto público.
Uno de los pilares de la reestructuración es la fusión y eliminación de varias instituciones públicas, esperando generar un ahorro de 25,000 millones de pesos. Fusiones clave incluyen la integración del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación, y la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda. También se eliminarán entidades como la Caja de Ahorros para Obreros y la Comisión Nacional de Población y Familia. Este proceso ha generado preocupaciones sobre el futuro laboral de los empleados públicos afectados.
La propuesta de fusión entre el Mescyt y el Minerd ha generado debates, con defensores y opositores argumentando sobre la eficacia de la centralización en la gestión educativa. Se enfatiza la importancia de la gestión fiscal en la sostenibilidad y transparencia del gobierno, evitando un aumento del déficit fiscal y promoviendo una administración pública más sólida y efectiva. Se espera que estas medidas no solo generen ahorros, sino que también mejoren la calidad de vida de las familias dominicanas y optimicen el uso de recursos públicos. El proceso de implementación y evaluación de estas propuestas será crucial en las próximas semanas.
Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, analizó la propuesta de racionalización y modernización de la administración pública. Destacó que, aunque se espera un ahorro de 25,000 millones de pesos, esto no garantiza necesariamente un beneficio real para los ciudadanos. La eliminación de instituciones no garantiza reducciones significativas en gastos, ya que muchos fondos seguirán siendo necesarios para áreas críticas como educación y transferencias. Collado señaló la importancia de la transparencia en este proceso para que la población comprenda los beneficios de la racionalización y los recursos destinados a áreas prioritarias.
