El proyecto de ley de alquileres se encuentra en un punto incierto en la Cámara de Diputados, con una serie de iniciativas acumuladas en una comisión que aún no ha sido conformada. La propuesta, introducida por el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, busca regular los procesos de renta de bienes inmuebles y desahucios. A pesar de haber sido reintroducido el 19 de agosto, la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja aún no ha sido establecida para desarrollar sus funciones.
En la sesión ordinaria del 27 de agosto, el proyecto de ley fue declarado como "tomado en consideración" por los avances en su estudio y enviado a la Comisión de Justicia para su evaluación. Según el reglamento interno de la Cámara de Diputados, el plazo ordinario para la entrega de informes de las comisiones permanentes y especiales es de 30 días, por lo que se espera que la comisión presente su ponderación al respecto el próximo viernes 27 de septiembre. Actualmente, la Comisión de Justicia carece de presidente o miembros, pero al menos cinco propuestas han sido referidas para estudio, incluyendo proyectos importantes como la ley orgánica que regula las expropiaciones de bienes del Estado dominicano y la modificación de la Ley No. 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana.
La conformación de la Comisión de Justicia ha tardado en la Cámara de Diputados, según lo establecido en el Reglamento Interno. Las comisiones permanentes deben integrarse en la primera semana de la legislatura, pero actualmente la Comisión de Justicia no cuenta con presidente o miembros. Es tarea de la Comisión Coordinadora definir la matrícula de las comisiones y la designación de los presidentes, vicepresidentes y secretarios de las comisiones permanentes. En caso de falta de voluntarios, el presidente de la Cámara tiene la facultad de designar a los diputados necesarios. Los bufetes directivos de estos órganos deben conformarse en las primeras dos semanas de la legislatura.
El proyecto de ley de alquileres busca garantizar que los propietarios de viviendas puedan desalojar a los inquilinos que se retrasen en el pago de la renta, así como embargar sus bienes. También establece que el pago de los gastos legales del contrato de renta debe ser compartido y que solo se requieran dos depósitos previos al alquiler de una vivienda. A menudo, los inquilinos deben asumir los gastos legales del contrato a través de un tercer depósito, pero el proyecto ordena que estos gastos sean compartidos de manera equitativa entre el propietario y el inquilino. El proyecto de ley tiene como objetivo regular los procesos de renta de bienes inmuebles y desahucios en República Dominicana.
