En la reforma constitucional propuesta por el presidente Luis Abinader, se plantea la independencia del Ministerio Público al proponer que el procurador general de la República sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República. Esto busca desvincular la figura del procurador del Poder Ejecutivo, como ocurre actualmente, y garantizar su autonomía en las funciones del órgano acusador del Estado. Sin embargo, la propuesta establece que el procurador sea una persona propuesta por el presidente, lo que genera dudas sobre la verdadera independencia del cargo.
El proyecto presentado por Abinader sugiere modificar el artículo 171 de la Constitución para que la designación del procurador pase al Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que no puede escoger a alguien que no sea propuesto previamente por el presidente de la República. Además, se plantea la inamovilidad del procurador durante cada período presidencial y su destitución solo por juicio político en caso de cometer faltas graves. También se establecen requisitos para ocupar el cargo, como ser dominicano, tener más de 35 años, ser doctor o licenciado en derecho y contar con al menos 12 años de experiencia en la profesión.
El proyecto de reforma constitucional también contempla la exclusión de la competencia del Ministerio Público en la formulación de la política preventiva del Estado contra la criminalidad, dejando esta responsabilidad bajo la potestad del Poder Ejecutivo. Asimismo, se propone que el procurador no haya ocupado cargos electivos en partidos políticos, no haya sido candidato a algún cargo de elección popular ni haya realizado proselitismo político notorio y constante en los últimos cinco años.
En el artículo 178, que establece la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, se eliminaría la disposición de que el procurador sea parte de este órgano, quedando como miembros permitidos el presidente de la República, un senador que represente a un bloque de partido diferente al presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado opositor que represente la segunda mayoría, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado de la SCJ que fungirá como secretario.
En resumen, la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Abinader busca garantizar la independencia del Ministerio Público al modificar el proceso de designación del procurador general de la República. Sin embargo, la condición de que el procurador sea propuesto por el presidente genera interrogantes sobre la verdadera autonomía del cargo y la posibilidad de que siga estando ligado al Poder Ejecutivo. Se establecen requisitos para ocupar el cargo, se plantea la inamovilidad del procurador durante cada periodo presidencial y su destitución solo por juicio político en caso de faltas graves, además de excluir al Ministerio Público de formular la política preventiva del Estado contra la criminalidad.
