El Día Internacional de los Desaparecidos, conmemorado cada 30 de agosto, tiene como objetivo concienciar sobre el problema de las desapariciones forzadas en el mundo y abogar por su cese. Según la ONU, la desaparición forzada se utiliza como estrategia para infundir terror en la población, generando inseguridad no solo en los familiares de la persona desaparecida, sino en toda la comunidad y la sociedad en su conjunto. Este fenómeno se ha convertido en un problema global que afecta a diversas regiones del mundo.

La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, proclamada por la Asamblea General de la ONU en 1992, establece que se considera desaparición forzada cuando una persona es arrestada, detenida o trasladada en contra de su voluntad por agentes gubernamentales, grupos organizados o particulares que actúan en nombre del Gobierno. Este acto se agrava al negar la suerte o el paradero de la persona desaparecida, privándola así de sus derechos y dejándola a merced de sus captores. La ONU califica las desapariciones forzadas como una grave violación de los derechos humanos.

En República Dominicana, se han registrado casos preocupantes de desaparecidos, con un total de 1,425 denuncias en los últimos siete años. Esta situación pone en evidencia la gravedad del problema y la necesidad de adoptar medidas para prevenir y combatir las desapariciones forzadas en el país. La falta de información sobre el paradero de las personas desaparecidas genera angustia y sufrimiento en sus familiares, y se convierte en una amenaza para la sociedad en su conjunto.

La desaparición forzada no solo afecta a la persona desaparecida, sino que tiene un impacto devastador en sus familiares y en la comunidad en la que vive. La incertidumbre acerca del paradero y la suerte de la persona desaparecida genera un profundo dolor y sufrimiento emocional en sus seres queridos, que se ven imposibilitados de encontrar respuestas y justicia. Asimismo, la impunidad en torno a estos casos perpetúa un clima de temor y desconfianza en la sociedad.

Es fundamental que los Estados adopten medidas efectivas para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas, así como para garantizar la protección de todas las personas contra este grave crimen. La cooperación internacional y el compromiso de las autoridades son imprescindibles para abordar este problema de manera integral y garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Es necesario promover la justicia y la verdad en torno a los casos de desaparecidos, para que las víctimas y sus familiares encuentren reparación y cierre a su dolor.

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