La reprobación casi general a las exoneraciones de impuestos a dos vehículos cada cuatro años que poseen los legisladores ha llevado a múltiples intentos de limitar o eliminar ese privilegio, sin éxito. En los años 2011 y 2012 se sometieron dos proyectos de ley para poner un límite de 90 mil dólares al costo del vehículo importado o para eliminar el beneficio a los congresistas. Sin embargo, estas propuestas no avanzaron en el Congreso. En 2010, Participación Ciudadana y la Fundación Transparencia Total por la Democracia presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 57-96, alegando que este privilegio viola el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución.
La fallida reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Luis Abinader en 2021 incluía la derogación de la Ley 57-96, pero fue retirada del Congreso poco después. A pesar de esto, el presidente Abinader ha instado a los congresistas a limitar sus exoneraciones a un solo vehículo y a establecer un límite en el monto. Recientemente, los senadores Alexis Victoria Yeb y Félix Bautista presentaron dos proyectos de ley para eliminar una de las dos exoneraciones de vehículos que tienen los legisladores, o para eliminarlas por completo. Ante las críticas, algunos diputados respondieron que también se deben eliminar otros privilegios como el "barrilito".
El exfiscal Guillermo Moreno ha calificado las exoneraciones a los legisladores dominicanos como una forma de corrupción legalizada que perjudica al Estado. Moreno afirma que es inmoral y ilegal que los congresistas se beneficien de estos privilegios y los califica como un acto de estafa contra el Estado. Otra crítica hacia los senadores es el uso del "barrilito" para supuestas ayudas a sus provincias, cuando en realidad, deberían estar fiscalizando al Poder Ejecutivo. Moreno insta al Ministerio Público a investigar y actuar contra los legisladores que venden sus exoneraciones, ya que esto constituye un enriquecimiento ilícito y viola la ley de Aduanas y la ley de lavado de activos.
En Alianza País, el partido liderado por Guillermo Moreno, los legisladores han rechazado categóricamente estos privilegios, como han hecho Fidelio Despradel y Pedro Martínez. El jurista Cándido Simó explica que la práctica de reventa de estas exoneraciones no solo viola la ley de Aduanas, sino que también podría constituir un delito de lavado de activos. Los congresistas que venden estos beneficios podrían estar incurriendo en un delito que se castiga de manera similar al terrorismo. La venta de exoneraciones de vehículos es solo un ejemplo de la corrupción que afecta al Congreso Nacional en la República Dominicana y que ha generado críticas y propuestas de reforma para eliminar estos privilegios indebidos.
