El avión propiedad de Nicolás Maduro fue incautado por Estados Unidos el pasado lunes 2 de septiembre y ahora se encuentra no disponible para rastreo público a pedido del propietario/operador, según la empresa FlightAware. Las autoridades estadounidenses confiscaron el avión en República Dominicana, ya que supuestamente fue adquirido ilegalmente a través de una empresa fantasma en el Caribe y violaba las sanciones estadounidenses.
Después de ser incautado, el avión fue transferido al Distrito Sur de Florida a petición de Estados Unidos por violaciones a las leyes de control de exportaciones y sanciones. Fue adquirido ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma vinculada al régimen venezolano en el Caribe. La investigación estadounidense reveló que personas afiliadas a Maduro utilizaron la empresa fantasma para ocultar su participación en la compra ilegal del avión.
En agosto de 2019, el expresidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13884, que prohíbe a los estadounidenses participar en transacciones con personas que actúen en nombre del Gobierno de Venezuela. El avión de Maduro fue trasladado desde Santo Domingo, República Dominicana, a Florida el pasado 2 de septiembre. Se vincula a Maduro con la utilización de una empresa fantasma para la compra ilegal del avión.
Un segundo avión vinculado al gobierno de Maduro está retenido en la República Dominicana a solicitud de las autoridades estadounidenses. La aeronave se encuentra en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer y tiene prohibido moverse sin autorización judicial. En este caso, se trata de un Falcon 200 EX con matrícula YV 3360, que también ha sido requerido por Estados Unidos bajo las sanciones de la OFAC contra Venezuela.
Ambos aviones confiscados están ligados al gobierno de Maduro y han sido objeto de acciones por parte de las autoridades estadounidenses. La prohibición de moverse sin autorización judicial indica la seriedad de las violaciones cometidas en la adquisición de estas aeronaves. La investigación en curso revela la participación de personas afiliadas a Maduro en la utilización de empresas fantasma para ocultar transacciones ilegales.
La confiscación de los aviones vinculados a Maduro refleja las consecuencias de violar las sanciones impuestas por Estados Unidos. Las medidas tomadas por las autoridades estadounidenses buscan frenar el flujo de fondos y recursos hacia el gobierno venezolano, que está bajo el escrutinio internacional por presuntas violaciones de derechos humanos y corrupción. Las acciones contra los bienes y activos vinculados al régimen de Maduro continúan en el marco de las políticas de sanciones internacionales.
