El presidente Luis Abinader ha promulgado el Decreto no. 186-24, estableciendo una comisión para supervisar el plan de reforma penitenciaria, como anunciado previamente por el presidente. Esta acción significa el compromiso del gobierno central de apoyar a la Procuraduría General del Estado en salvaguardar el bienestar y la dignidad de los individuos encarcelados, a la vez que busca mitigar los impactos negativos de su encarcelamiento y promover su reintegración social para el beneficio de la nación.
La comisión, presidida por el Dr. Jorge A. Subero Isa, incluirá al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, al defensor del pueblo y a los decanos de facultades de ingeniería de diversas universidades del país, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Según el decreto, las responsabilidades de la comisión incluyen colaborar con las autoridades pertinentes para completar los procedimientos legales, administrativos y logísticos necesarios para autorizar la nueva instalación carcelaria de "Las Parras", así como adaptar la infraestructura recuperable en el penitenciario nacional de La Victoria, entre otras tareas específicas designadas por la presidencia de la República.
En la fundamentación del decreto, el presidente Abinader enfatiza el compromiso del gobierno de implementar medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los individuos encarcelados en las cárceles del país. Esto requiere un esfuerzo concertado de diversos actores sociales y gubernamentales para efectuar un verdadero cambio de paradigma en el sistema penitenciario, alineándose con los compromisos delineados en el marco legal.
La comisión tiene la tarea de reforzar los esfuerzos en curso liderados por la Procuraduría General de la República, en coordinación y colaboración con esta, especialmente en lo que concierne a la adaptación de distintos centros penitenciarios para facilitar la corrección, rehabilitación e reintegración social de individuos privados de libertad.
Las comisiones presidenciales o interministeriales, como se detalla en el Artículo 36 de la Ley no. 247-12, son herramientas instrumentales a través de las cuales el Presidente de la República puede establecer grupos de trabajo compuestos por funcionarios públicos e individuos especializados para examinar y abordar asuntos especificados en el decreto de su creación. En el caso de la Comisión para el Monitoreo del Plan de Reforma Penitenciaria, estará administrativamente vinculada al Ministerio de la Presidencia y la participación de sus miembros será voluntaria.
